En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que durante el proceso de investigación, fueron colectaron los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del requerimiento surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.