Luego de un año de investigación, el juez federal subrogante Wenceslao Cardozo procesó a cuatro profesionales de la salud por una defraudación millonaria al PAMI con el ardid del cobro de estudios de laboratorio que nunca se realizaron. De acuerdo con la denuncia realizada por las autoridades de la obras social de los jubilados y pensionados de Salta, durante 2016 el organismo les pagó a los seis profesionales imputados alrededor de 250 mil pesos por mes.

De acuerdo con la denuncia presentada por el organismo, tres bioquímicos, con la complicidad de un médico, emitieron órdenes de análisis de laboratorios falsas. Incluso se detectó un estudio con el nombre de un afiliado fallecido.

La investigación se inició a partir de una presentación realizada por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien acompañó una denuncia formulada por Josefina Medrano de la Serna, coordinadora ejecutiva de la unidad de gestión local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados contra los doctores Augusto Saúl Sasso, Víctor Canelada, Osvaldo Miranda, Enrique Bardi, Silvina Díaz y María Elena Almendro.

La funcionaria relató que con fecha 25 de enero de 2017 la Asociación de Bioquímicos de Salta (ABS) presentó una auditoría de la que surgieron innumerables anomalías en las órdenes médicas y análisis de laboratorio, supuestamente realizados a afiliados del PAMI. Todo esto surgió a partir de la denuncia presentada por Marisa Ibarra -empleada de facturación de la ABS- en la que advirtió a las autoridades de la institución que el bioquímico Miranda había presentado para su facturación una orden de análisis de laboratorio de la paciente Justina Tala. Según Ibarra, dicho análisis bioquímico no se practicó nunca porque la paciente Tala es su madre y es ella quien la acompaña en tales diligencias.

Las sospechas de la batería de estafas se reforzaron con otra denuncia que involucraba a los bioquímicos Bardi y Díaz , quienes presentaron una orden de PAMI a nombre de una paciente fallecida para ser facturada por la ABS. La entidad que nuclea a los bioquímicos también advirtió sobre un aumento desproporcionado e injustificado en la facturación de Bardi con pedidos médicos supuestamente inexistentes del médico Sasso. Al mismo tiempo se determinó que a fines del 2016 se observó una disminución en los servicios del matrimonio Bardi-Díaz y un aumento significativo en la facturación de Almendro, en donde se vuelve a repetir el procedimiento tipo, de pedidos y solicitudes realizados por el mismo Sasso.

El fiscal Toranzos concluyó en que se facturaba y se cobraba por medio del PAMI estudios bioquímicos inexistentes e innecesarios, y requirió una profunda investigación por resultar estos hechos constitutivos del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Por ese motivo solicitó varios allanamientos en los consultorios de los imputados, en la ABS y una serie de diligencias más. De la documentación secuestrada surgieron numerosas irregularidades, la mayoría con la misma modalidad delictiva. Los profesionales sospechados negaron en forma terminante haber incurrido en maniobra dolosa. El bioquímico Miranda atribuyó las denuncias a una persecución política y a una interna entre el presidente y el vice de la ABS.

Fallo categórico

Al momento de emitir su resolución el juez Cardozo señala que en el caso Miranda, sus argumentos defensivos "carecen de sustento y se muestran como meras maniobras defensivas inconsistentes". Y remarca que este profesional "no ha podido explicar que Justina Tala aparezca en la orden puesta al cobro como paciente atendida por él cuando eso no ocurrió".

En cuanto a Bardi, el magistrado sostiene que "parece claro que su aparición en la sede de la ABS para firmar cheques fuera del horario de trabajo y en ausencia de la contadora, lo relaciona con la desaparición de las órdenes facturadas a su esposa (Díaz), con quien trabaja conjuntamente", consigna el magistrado. A su juicio, igualmente resulta huérfana de sustento su denuncia policial sobre extravío de documentación de su laboratorio, efectuada tardíamente".

Para el juez tampoco resulta explicable que la búsqueda de la documentación que quedó en su primer laboratorio fuera tan posterior al cese de su funcionamiento. Además, señala que "carece de valor su alegación, junto a la de Díaz, de que perdieron registros de sus pacientes y que por tal razón no presentaron la documentación pertinente que están obligados a conservar". Sostiene que igual debilidad probatoria tienen las actas notariales que pretende esgrimir Bardi en su descargo". Cardozo estima probada la maniobra por la cual los pedidos del médico Sasso aparecen notoriamente abultados. Sostiene que Bardi es el directo beneficiario de tantos análisis exagerados. "Si Bardi ni siquiera lo conversó al tema con Sasso es porque ambos coincidían y repartían las ganancias", afirma el juez. Por todo ello Cardozo procesó a Miranda, Bardi, Díaz y Sasso como coautores de defraudación a la administración pública y el embargo de $ 100.000 a cada uno. Al mismo tiempo dictó la falta de mérito a Almendro y a Canelada por falta de pruebas.

Fuente: El Tribuno Salta