La conducta de la jueza Claudia Güemes en el caso por los cuidados compartidos de una niña de 5 años, quien es obligada a los gritos por la magistrada a ir con su madre, es investigada por la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta. Al organismo ingresó ayer un informe redactado por la funcionaria judicial cuestionada sobre sus actuaciones y los expedientes de la causa, que tuvo repercusión nacional.

En la Superintendencia ahora deben resolver si se abre un sumario contra la titular del Juzgado de Personas y Familia de tercera nominación, que, de resultar desfavorable para Güemes, puede terminar en sanciones, como un llamado de atención, un apercibimiento o una suspensión. Los resultados de la investigación también podrían servir de fundamento para el inicio de un proceso de destitución (jury de enjuiciamiento).
Un elemento clave para el análisis sobre si hubo alguna falta será el video que se viralizó en las redes sociales y expuso a la jueza, en el que se la ve, con una actitud violenta, intentando hacer cumplir una resolución judicial para que una pequeña deje la casa del padre, donde estaba alojada, para pasar la tarde con su madre. La niña, a todo esto, se negaba y lloraba desconsolada, mientras la magistrada gritaba órdenes como “soy una autoridad y puedo llevarla por la fuerza”.

El hecho, que también desnudó la angustiante situación de una niña atrapada en una pelea entre sus progenitores, ocurrió el viernes pasado. Dos días antes, la jueza Güemes, quien actuaba como interina en el Juzgado de Personas y Familia 5, había homologado un acuerdo firmado por el padre y la madre, con el que se procedía a iniciar una revinculación entre la mamá y la niña tras más de diez meses que estaban separadas.
La Justicia las había separado por las denuncias que presentó el padre sobre supuestos golpes a los que era sometida la pequeña por parte de su madre. Según sostuvo la jueza, en una entrevista que publicó ayer El Tribuno, en el expediente del caso “nada acredita los dichos del papá sobre la violencia”.

El convenio entre los tutores estableció que la mamá debía retirar a su hija por las tardes y con el correr del tiempo la niña iba a pasar algunas noches en la casa de su madre. Lo pactado se cumplió el miércoles, el jueves la niña se quedó en la vivienda de su padre y el viernes Güemes intervino para que se cumpla el convenio. Ese día fue cuando se produjo el escándalo.

Antecedentes
Tras la exposición de la titular del Juzgado de Familia surgieron cuestionamientos de distintos sectores. Entre ellos el de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público.
En un nota que presentaron ayer al presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, desde el sindicato aseguraron, además de expresar “rechazo y repudio” por el accionar de la magistrada, que en la Secretaría de Superintendencia existen otras denuncias contra Claudia Güemes por maltratos a “empleados, abogados y público en general”.
“No es el único caso que se da en el ámbito de la Justicia”, consigna el documento. 

Psicólogos, indignados
Desde el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta emitieron un comunicado en el que también repudian el accionar de la jueza Güemes. “Agravian a la niñez y a la comunidad psicológica, porque no solamente se está invalidando la verdad del discurso de las infancias, haciendolos sentir culpables en un callejón sin salida, sino que continúan vulnerando sus derechos como niñas/os, desoyendo sus voces y también deslegitimando el quehacer psicológico”, dice la nota.

La necesidad de que se cumpla con la ley

Desde 2005 está vigente en el país la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061). Salta se adhirió a esa normativa recién a fines de 2016, pero aún no se aplica en su totalidad. 
La legislación marca que debe crearse la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que debería velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. El proyecto para cumplir con ese propósito aún duerme en la legislatura local.
¿Por qué es importante tener un defensor para las niñas y niños? Lucrecia Miller, titular de la fundación Papis (Plan de Ayuda para una Infancia Segura) lo explicó ayer en una entrevista en Radio Salta, con el ejemplo del caso de la niña que es tratada con violencia por la jueza Claudia Güemes.
“Un defensor podría haber tenido injerencia inmediata en una situación conflictiva como la que se venía dando. El caso no empezó el viernes, ese día fue la expresión de un sistema que no funciona”, dijo Miller. 
“La jueza es una efectora de un sistema que tiene la obligación de la protección integral del niño, pero hay una violación de los derechos de esa nena y un defensor estaría impulsando la revisión anhelada de ese sistema”, sostuvo la psicóloga.
 Recordó, además, que en la fundación Papis sigue la campaña de recolección de firmas para que, por iniciativa popular, la Cámara Baja de la Provincia trate el proyecto de creación de la figura del defensor. Unos 10.000 salteños ya adhirieron.
 

Fuente: El Tribuno