La querella solicitó una pena de 18 años de prisión al exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, en el juicio oral por el que está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita destinada a favorecer a narcotraficantes mediante resoluciones judiciales, y que desde ayer entró en la etapa de alegatos.

"Esta querella acusa a Raúl Reynoso como autor voluntario y responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con concusión y este último delito en concurso ideal con prevaricato, en perjuicio de Bruno Mazzone y Pablo Meneses", expresó el querellante Carlos Garmendia.

El letrado, que representa a empresarios que aseguraron que fueron obligados a pagar sumas de dinero para lograr su libertad en causas que para ellos fueron falsificadas, y por las que la Cámara de Apelaciones los sobreseyó, señaló que José Abella y José Mazzone también fueron perjudicados por asociación ilícita, y solicitó que se le imponga a Reynoso "la pena de 18 años de prisión e inhabilitación especial por diez años".

Garmendia y su colega Evangelina Navarro fueron los que abrieron la audiencia de alegatos del juicio a Reynoso, que comenzó el 4 de septiembre de 2017, desde cuando pasaron alrededor de 200 testigos.

Reynoso (59) llegó al debate procesado como jefe de la organización, mientras que en el banquillo de los acusados también están los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana Rosalía Aparicio.

Desde el 2010

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la capital salteña -integrado por Federico Díaz y los jueces subrogantes de Tucumán Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla- está a cargo del juicio. El juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, fue quien procesó a Reynoso por los delitos de "asociación ilícita en carácter de jefe u organizador; concusión en nueve hechos, en concurso real; y prevaricato en seis hechos, en concurso ideal".

Para Bavio, esta organización fue montada, coordinada y encabezada por Reynoso, y funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, del norte salteño, al menos desde el 19 de marzo de 2010.

La asociación se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a la narcocriminalidad.

El miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Orán y también en esta capital, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegó su accionar a través de distintos allanamientos que habían sido ordenados por el juez Bavio a solicitud de los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, este último de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), llevaron a cabo la compleja investigación.

Esa tensa jornada en el norte provincial, donde se encuentra una de las fronteras más calientes en materia de narcocriminalidad, terminó -en realidad era el comienzo del fin- con el allanamiento al Juzgado del ahora exjuez y la detención en ese momento de tres de los abogados involucrados en la causa.

La solicitud de pena para el resto de los involucrados

La pena más dura después de la de Reynoso es la solicitada para María Esper.    

El doctor Garmendia, quien se constituyó como querellante en la causa, solicitó además, que se lo condene al exjuez restituir a Bruno Mazzone la suma de 500.000 pesos, más intereses y actualización, y la misma cifra a Pablo Meneses, “en forma solidaria” con Esper y Saavedra, además de las costas en este proceso.    
Por otro lado, pidió para la doctora María Elena Esper Durán la pena de 17 años de prisión, y para Miguel Ángel Saavedra, 16 años y seis meses de prisión. La primera de las imputadas está acusada de integrar la red para liberar narcos, mientras que éste último estaría considerado ser mano derecha de Reynoso, se desempeñaba como funcionario judicial en el Juzgado Federal de Orán y está sospechado de ser quien recaudaba el dinero y redactaba las resoluciones que el exjuez luego autorizaba.
Finalmente, pidió nueve años de prisión para Arsenio Eladio Gaona -el cuñado-, el doctor René Gómez, Ramón Antonio Valor -otro de los abogados involucrados con la organización-, César y Rosalía Aparicio como autores voluntarios y responsables de “asociación ilícita en carácter de miembros”.
Concluido el alegato de la querella, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, a las 15.30, cuando pronunciarán sus alegatos los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek, y luego harán lo propio los defensores.