La entidad entendió que se podría estar ante la comisión de hechos delictivos, y que por ser tutelar de los intereses y derechos de la actividad tabacalera debía accionar en este sentido, publico Nuevo Diario.

"Esto nos llevó a visitar una serie de quioscos y poli rubros, en la verificación de estas ventas, atento la inactividad, que, desde el 20 de marzo, se vieron obligadas las empresas tabacaleras de nuestro país, por los decretos de necesidad y urgencia que derivaron en la faltante del producto para los consumidores", señaló Roque López Fleming, gerente de la Cámara del Tabaco.

En ese sentido y como la Cámara tiene los recaudos del Fondo Especial del Tabaco, por ley provincial, al igual de lo que ocurre en la provincia vecina de Jujuy, correspondía que esta presentación ante la justicia estuviera a su cargo.

"Como administradores de estos fondos, nos presentamos con esta denuncia a fin que se inicie una investigación porque, los hechos que se están produciendo van en contra de los intereses del Fondo Especial del Tabaco", dijo el gerente de la Cámara del Tabaco.

Aclaró el funcionario que esta denuncia también se presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entendiendo que el 80 por ciento del precio de cada paquete de cigarrillo es impuestos, de los cuales 7 por ciento pertenecen a la provincia.

Dinero que no ingresa

"Estas cifras trasladadas en pesos a nivel país significan entre 600 y 700 millones de pesos, hay que imaginarse lo que significa de perjuicio para las arcas de la AFIP y del Fondo Especial del Tabaco, no sólo de Salta y a los productores", destacó López Fleming.

La Cámara presentó junto con la denuncia un acta elaborada por el escribano de la institución y el equipo de asesores con el relevamiento de los locales visitados, donde consta las marcas de cigarrillos que se venden, y el precio que cada paquete alcanzaba en las estanterías que llegaba a los 350 pesos.

Entre las marcas mencionadas en la denuncia figura, Achalay, Rodeo, Carnival y CR7 entre otros.

También dejaron constancia que algunas marcas con la presencia de una estampilla fiscal de dudosa vigencia y legalidad que se presume del 1990.

"De esta manera quedamos a la espera y a disposición de lo que genere esta denuncia, entendiendo que en momentos tan sensibles no se puede permitir la venta de cigarrillos, ya que quienes venden no conocen su procedencia", finalizó López Fleming.