Los trabajadores de la salud pública están expuestos a la misma violencia que denuncian. Al alertar sobre casos de ataques a mujeres, muchas veces son agredidos y amenazados, así lo afirmaron desde el Observatorio de Violencia Contra la Mujer (OVCM). Por eso, piden garantías para que los agentes sanitarios puedan cumplir con sus obligaciones legales.

La ley provincial 7.888, sancionada en el 2015, obliga a cualquier funcionario que trabaje en establecimiento público, a denunciar casos de violencia de género.

Los trabajadores de las salitas son muchas veces el primer contacto que tiene la mujer agredida con el sistema estatal. Pero cuando el agente sanitario cumple con su obligación legal y denuncia, queda expuesto y se vuelve una víctima más del agresor.

"Se registraron casos donde hubo hasta represalias. Estamos hablando de una persona violenta. Una médica contó que la amenazaron con un cuchillo", aseguró la directora del Observatorio, María Laura Postiglione, quién definió la situación como "realmente compleja". El OVCM realiza capacitaciones en diferentes establecimientos de salud para guiar sobre cómo actuar ante casos. Allí recibieron quejas de los trabajadores de la salud, pero por sobre todo de los agentes de las salitas.

La desprotección ante el agresor, según el organismo estatal, se debe que la policía procede mal, y da a conocer los nombres de los denunciantes. "En los juzgados generalmente no se pone el nombre del denunciante, pero la policía todavía permite decir quién denunció", advirtió Postiglione. Por esto, el Observatorio le solicitó al Ministerio de Seguridad no solo que se refuerce la seguridad sino que se resguarde la identidad de las personas denunciantes. "Cumpliendo su obligación legal, los profesionales de la salud quedan de cara con el agresor y es más complejo en los centros de salud", aseguró Postigilone.

Víctima y denunciante

En el Hospital San Bernardo, el principal centro sanitario de la provincia, desde marzo del año pasado funciona la Oficina de Violencia Contra la Mujer. El organismo nació para evitar represalias y proteger de los agresores denunciados a los trabajadores de la salud pública. "Se planteó esto de que ese agresor va a venir a buscarme. Le estábamos agregando una carga al personal de salud y le quitamos esa responsabilidad creando esta Oficina", dijo Esteban Cabrini, titular de la Oficina.

De los cuatrocientos casos de violencia recibidos en el San Bernardo, en cuatro, la víctima fue acompañada por el agresor. Aunque los agentes sanitarios no fueron violentados. "Ellos mismo se asustaron y las trajeron al hospital porque estaba sangrando. En uno de eso si tuvimos que llamar a la policía porque el hombre estaba nervioso, pero en ningún momento agredió. Si hubo un caso donde el agresor se metió al hospital y amenazó a la paciente, pero no al equipo médico", explicó Cabrini.

Según el médico, la policía y el sistema de seguridad con el que trabajan en el nosocomio sirve para proteger a los profesionales y la víctima. "Tenemos un sistema de seguridad privada que es buena y que tiene la orden de que cuando hay casos de violencia de género avisan a la Oficina y al jefe de guardia. Además, cuando evaluamos que hay un caso riesgoso ponemos una consigna interna, cuidan a la paciente hasta que venga una consigna policial o va a refugio o se le da el alta en condiciones de seguridad", aseguró el funcionario. Para Cabrini, la pena de poder pasar 30 días arrestado al agredir a un personal de salud, (medida que introdujo la modificación del Código Contravencional), suma a que haya una mayor precaución. "Sabemos que estamos expuestos. Es parte de los riesgos que se asumen", manifestó Cabrini.