La denuncia fue realizada por ANSES en Buenos Aires, donde revelaba que beneficiarios de comunidades aborígenes pagaban a terceros por los trámites para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. En un trabajo coordinado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N12, a cargo de Alejandra Mángano y la Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal federal, Eduardo Villalba, en la jornada de ayer se llevaron adelante distintos allanamientos.

El fiscal Villalba aclaró que "la investigación en curso no va a afectar el cobro del beneficio, IFE, a las personas beneficiadas. Y, sobretodo, debe quedar en claro que no deben pagar ninguna contraprestación por dicho beneficio a nadie".

Como resultado de los procedimientos, los que estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se concretó la detención de tres personas, entre ellas Jorge Moya, presidente del Club Central Norte de esa localidad, y de su pareja.

Asimismo, se logró el secuestro de numerosa documentación que ahora es motivo de investigación, por lo que no se descarta que de esta tarea surjan elementos que permitan ampliar la persecución penal a otros delitos que se podrían haberse habrían cometido, ya sea con respecto al trámite relacionado al IFE o con otros planes o beneficios sociales otorgados por el estado nacional.

Explicó que la denuncia, por la que se inició toda la investigación, reveló “la participación de personas inescrupulosas que les cobraban determinados montos a beneficiarios del bono IFE, en su mayoría pertenecientes a comunidades aborígenes de Embarcación y otros vecinos que desconocían como realizar los trámites”.

Los detenidos están sindicados como las personas que contactaban a los beneficiarios, a favor de quienes realizaban los trámites de cobro del IFE por el sistema de registro de la ANSES, gestión por la cual se quedaban con parte del dinero que luego era depositado por el Estado para dichas personas.

Mecánica

Se trata de sumas que iban de mil a dos mil pesos, según precisó el fiscal, quien explicó que ese dinero aparecía como pago de aportes o cuotas de los beneficiarios al club, para lo cual primero los afiliaban  como socios de esa entidad. “Esta era la mecánica de la estafa, aunque no descartamos que haya otros hechos similares”, agregó.

La investigación se inició en marzo pasado, cuando se radicó la denuncia por parte de la ANSES y se comenzaron a reunir elementos de prueba del caso. Todo ello derivó en los procedimientos que efectivos de la PSA realizaron. Los allanamientos y detenciones, cabe resaltar, contaron con la importante participación del juez Federal Jorge Montoya, quien autorizó las diligencias del caso, las cuales fueron requeridas por el Juzgado Federal 9, de Buenos Aires. 

El juez Montoya, tras conocer el trasfondo de la investigación, habilitó de inmediato las medidas investigativas del caso, las que no sólo se limitaron a los allanamientos, sino también a intervenciones telefónicas previas que permitieron cerrar el cerco, por ahora, a los tres detenidos.