Las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que no entorpecieron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE, vigente en el país desde 1921) de la niña de 11 años embarazada por una violación. A la menor le realizaron una cesárea ayer a la madrugada. Los funcionarios se deslindaron de las acusaciones de haberla torturado, realizadas por organizaciones sociales en defensa de los derechos de mujeres y niñas, entre ellas, Amnistía Internacional, Andhes y Cladem.
“El sistema de salud nunca obstaculizó el proceso de interrupción del embarazo ni dilató una situación. Quiero agradecer a toda la gente que intervino en este proceso de atención a la niña. Escuchamos a la niña y a su madre, estamos dispuestos a contarles cómo han sido todos los hechos”, afirmó la ministra de Salud Rossana Chahla en conferencia de prensa, rodeada por Elizabeth Ávila -directora del Hospital Eva Perón-, Walter Sigler -director de Salud Mental y Adicciones- y Gustavo Vigliocco -secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud-. Se permitieron, tras el relato de los profesionales de la salud, cinco preguntas. Vigliocco, pálido, fue el único que guardó silencio.
La niña continúa internada en el hospital con una “buena evolución en su puerperio inmediato”, consignó Ávila. Tras la cesárea, la neonata quedó internada en el servicio de neonatología, con “el tratamiento de un bebé prematuro de 660 gramos”.
“Hemos visto y escuchado algunas situaciones que no son las correctas, las verdaderas, y queríamos aclarar. Ha sido un caso que nos ha golpeado muy de cerca sobre todo a las que somos madres. Tenemos tres patas: una parte médica, una legal y la que prima: la parte humana”, fue la introducción de la ministra.
La directora del Hospital Eva Perón (conocido como hospital del Este), leyó un apunte con la cronología del caso. Contó que el 31 de enero la niña fue derivada desde un hospital de Burruyacu al hospital del Este. “Es traída por una ambulancia para control de embarazo producto de abuso sexual, según la derivación. Se le realizó una radiografía y se constata el embarazo, con una edad gestacional determinada por longitud femoral de 21,2 semanas. La médica tratante le explica a la madre de la niña los riesgos de continuar con el embarazo o de hacer una interrupción. Ante lo cual, la madre de la niña manifiesta su deseo de continuar con el embarazo y de hacerse cargo del niño por nacer. Firmado de puño y letra esta petición”, expresó Ávila. La médica tratante -continuó la directora del hospital- citó a la paciente a los 15 días para controles. “El 7 de febrero la paciente es traída de nuevo en una ambulancia, acompañada por su madre, quien consulta planteando la posibilidad de la interrupción del embarazo y solicita que se informe cómo es el procedimiento y sus riesgos. La madre, en presencia de su hermano y de su esposo, solicita tiempo para pensar respecto a la decisión”, siguió Ávila. Según el relato, el 11 de febrero retorna la niña al hospital con un pedido de internación por parte de la Dirección General de Salud Mental por “ideación suicida”. El 19 de febrero, la jueza interviniente solicita información diaria de la menor y un plan de acción al equipo de salud mental de la paciente, planificando salidas de la niña. “La madre y el padre solicitaron el 25 de febrero, con consentimiento informado y declaración jurada, realizar la interrupción legal del embarazo”, terminó la directora.
Contradicciones
“El Sistema Provincial de Salud nunca judicializó el caso con la intervención legal del embarazo. Eso quiero aclarar: no tenemos ninguna presentación (judicial) porque el fallo FAL (que sentó jurisprudencia en casos de Interrupción Legal de Embarazo) nos avala. Escuchamos mucho a la niña y a la madre. Tengo entendido que el 18 de febrero, después de que se hace la Cámara Gesell a la niña, la mamá dice que tenía miedo de la interrupción porque tenía miedo de que le pase algo a su hija. Todo está documentado. No obstaculizamos. Cuando decidieron, inmediatamente pusimos todo el sistema a intervenir”, respondió a una consulta Chahla.
El martes a la noche, antes de que se realice la intervención, el Gobierno emitió un comunicado oficial: “El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (Siprosa), notificó esta noche a la directora del Hospital Eva Perón, doctora Elizabeth Ávila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, doctora Valeria Judith Brand, el cual consigna que ‘en atención a la innecesariedad de judicialización’ y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- ‘conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL’, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. Minutos antes, en su cuenta de Twitter, Vigliocco consignó: “Yo no puedo tomar ninguna decisión. Soy secretario médico. No me toca a mí decidir. Hay un error en lo que se está publicando porque el caso está en la Justicia”.
En la conferencia, Chahla explicó que el 28 de enero un profesional de la salud se enteró del caso porque un médico de Santiago del Estero lo informó. “El Siprosa la fue a buscar el 28 de enero a la niña cuando nos enteramos de que estaba embarazada. Fue una agente sociosanitaria y una médica del CAPS a buscarla a la casa y la llevaron al CAPS. En ese primer examen se ve el embarazo con una altura de 18 centímetros, aproximadamente 22 semanas. La niña no vino, la fuimos a buscar. No hicimos ningún pedido a la Justicia para autorizar la interrupción del embarazo”, afirmó. Agregó que los profesionales de la salud en todo momento resguardaron la identidad de la paciente.
Ávila, por último, desmintió a la profesional que realizó el procedimiento (se informa por separado): “en ningún momento la niña estuvo abandonada. Jamás”.
