Ante esta realidad, ya están en marcha negociaciones con acreedores externos tenedores con deuda emitida bajo ley internacional (unos u$s100.000 M) , para discutir los plazos de pago.
Por ahora las gestiones son realizadas por separado. Por un lado, el Gobierno comenzó a discutir abiertamente el tema con bancos extranjeros. Por el otro, Alberto Fernández evalúa seriamente una propuesta recibida desde el exterior.
Hernán Lacunza, ministro de Hacienda de la Nación, pasó ayer su primer día en esta ciudad en medio de reuniones con acreedores, con los que tanteó las posibilidades de una renegociación de la deuda y no sólo con participación del Gobierno sino también de la oposición, en este caso el equipo de Alberto Fernández. Fue el propio ministro el que reconoció ayer ese proceso que se intenta llevar adelante: “No es un gobierno el que lo tiene que plantear, sino un país. Necesita el consenso del oficialismo y la oposición. Vine a sondear o a ver cuál es la disposición del mercado a este tipo de negociación. Hay un interés por escuchar propuestas de la Argentina”, dijo ayer Lacunza en un breve aparte en el Consulado argentino. Hoy esa ronda continuará con un encuentro en esta ciudad por la tarde con David Lipton y Roberto Cardarelli del FMI.
Las condiciones de ese “sondeo” con bonistas son hoy tanto económicas como políticas, ya que no solo hablan de nuevos plazos, términos y tasa sino que dependen básicamente de la confianza que tenga el mercado en lo que suceda con Argentina tras las elecciones del 27 de octubre. El riesgo y las chances de repago son centrales en esta discusión.
Reestructurar la deuda
Por su parte, Alberto Fernández analiza seriamente una propuesta que le acercaron diversos fondos de inversión tenedores de títulos públicos locales, para reestructurar la deuda emitida fuera del país, varios de ellos enlistados dentro de los más importantes del mundo.
La base de la idea que se analiza desde hace semanas es que no habrá quitas en el capital adeudado, pero sí extensiones importantes en los tiempos de los vencimientos y aire para las cancelaciones en los primeros años del plan de pagos. Según lo que se evalúa dentro del grupo de colaboradores económicos del vencedor en las PASO, un acuerdo de este tipo no necesitaría de una ley para aplicarse ya que se trata del repago de deuda ya existente, y sin la necesidad de emitir nuevos bonos. Las conversaciones continuarán hasta las elecciones presidenciales del 27 de octubre, y sería uno de los primeros anuncios de Alberto Fernández en el caso de ser electo presidente.