Cada familia que habita en la provincia aporta, en promedio, cerca de 3.000 pesos anuales para subvencionar a los colegios privados. Este año, el Gobierno provincial presupuestó unos 872 millones de pesos para transferir a la educación privada. En Salta se estima que hay alrededor de 300.000 hogares. Indirectamente cada uno aporta, ya sea que los niños estudien allí o no.

En las últimas semanas los colegios privados fueron puestos bajo la lupa, y no precisamente por el constante aumento que sufren sus cuotas mensuales. En el marco de la campaña por el Estado laico surgieron cuestionamientos a los recursos que reciben las entidades confesionales.

Los 872 millones de pesos previstos este año para el "subsidio a la enseñanza privada" representa casi un 6% del presupuesto del Ministerio de Educación, que es de 15 mil millones de pesos.

El Tribuno intentó durante dos semanas acceder a la información detallada sobre la administración de los fondos, pero la cartera educativa negó los datos. También le fue imposible acceder a algunos legisladores, pese a los pedidos de informes que se hicieron a través de la Cámara de Diputados.

Durante la búsqueda de números oficiales en las oficinas de Educación, una empleada administrativa señaló una pila de notas e indicó que "hay muchos pedidos de colegios privados para este año, pero no se darán más ampliaciones de subvenciones hasta el año que viene. La mayoría está yendo para los colegios confesionales".

El decreto 1920/05 es el que fija un cálculo de los aportes para las unidades educativas públicas de gestión privada. Allí se señala que el cálculo se hará "mediante la aplicación de una fórmula polinómica cuyo resultado económico derivaba en la aplicación de factores diversos de naturaleza general y específicos de cada establecimiento educativo que arrojaban un nivel de asistencia en el que influirían directamente junto a los aranceles, situaciones tales como los índices de equidad, eficiencia, calidad, equipamiento y la relación costo base por alumno". También se deja en claro que los aportes serán destinados a los sueldos de docentes.

Según el último registro, de 2015, que da el Ministerio de Educación, en la provincia existen 160 colegios e institutos de educación privada. De estos, alrededor de 50 son católicos, administrados por el Arzobispado de Salta bajo el Consejo Provincial de Educación Católica (Coprodec).

El Partido Obrero presentó un proyecto de ley en Diputados para que la Iglesia pague impuestos por las propiedades que posee en la provincia, cuestionó los criterios con los que se otorgan las ayudas estatales: "Se divide por categoría de subsidio, algunos tienen un 100 por ciento, otros un 80. Pero, en general, los que son confesionales tienen un 100 por ciento de subvención. Después hay algún privado que tienen subsidio parcial y hay algunos privados que no tienen ningún aporte, por lo que se quejan de esa arbitrariedad", afirmó el diputado Claudio del Plá.

Varios colegios laicos reciben desde hace más de diez años un aporte estatal de $500 mensuales, que fue actualizado el año pasado por el decreto 754/17. Los que pudieron acceder a una extensión de ese inocuo monto fueron el colegio Dante Alighieri a $22 mil, mientras que al Madre Teresa de Calcuta se le amplió en el 2016 a $110 mil, y al colegio católico Bicentenario de María Reina a $160 mil.También es subvencionado el Seminario Metropolitano Buenaventura, lugar de formación para el sacerdocio. Recibió su última actualización en el 2016 de poco más de $18 mil.

“Los colegios subvencionados son confesionales todos. El Gobierno subvenciona colegios católicos, siempre”, aseguró Darío Oulier, representante legal del colegio Codesa, uno de los establecimientos que recibe hace años el aporte de 500 pesos. Oulier explicó, además, que ese dinero es más bien una formalidad para poder cobrar beneficios para los educadores. “Es por el incentivo docente, para poder acceder. Al incentivo docente lo venía pagando Nación”, agregó.
 Al colegio laico que funciona como una cooperativa, el no impartir religión, le trajo además problemas administrativos.
 “Acá la religión siempre tuvo mucho peso. Que Codesa nunca tuviera religión siempre fue un tema. Nos pedían que figure religión en la libreta, que pusiéramos una nota de religión aunque no la dictáramos”, lanzó Oulier. Aunque aclaró que con el fallo de la Corte Suprema que obligó a eliminar el dictado de religión católica dentro de la currícula obligatorio, esto cambió. 

Exenciones y terrenos

Los establecimientos privados de educación pública acceden a una exención de impuestos provinciales, como el de actividades económicas y cooperadora asistencial.
Pero no solo la subvención está en la mira. Desde el Partido Obrero denunciaron que muchos establecimientos funcionan en terrenos cedidos por la Provincia.
 “El Estado no desarrolla instituciones públicas para favorecer el desarrollo de las privadas. Un caso emblemático son las tres hectáreas que estaban previstas para una escuela pública, detrás de San Remo, en el loteo de Tierra y Hábitat que tiene 1.200 familias. Fueron cedidas por la Legislatura a una iglesia que construyó una escuela privada. La zona se amplió, pero no tiene un establecimiento educativo público cercano. También fue cedido el terreno de la Universidad Católica que maneja cifras millonarias”, advirtió Del Plá. 

La cruzada del divorcio entre la Iglesia y el Estado comenzó luego del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, donde la iglesia se alzó como uno de los grandes opositores. 
Incluso, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, dijo que “los diputados fueron llamados por los sacerdotes de sus pueblos”, cuando algunos legisladores del PJ dejaron sus bancas, dejando sin quórum la sesión de pronunciamiento sobre el protocolo de aborto no punible en caso de violación.
 

Lo mismo en Buenos Aires

Desde la Coalición Argentina por un Estado Laico aseguran que la situación se replica en Buenos Aires. 

Según indican, de las 167 escuelas primarias privadas laicas en CABA, apenas 32 reciben aportes por entre el 80 y 100% de sus presupuesto docentes. Es decir, 1 de cada 5, mientras que entre las 215 escuelas primarias privadas católicas son 167 las que reciben entre el 80 y 100% del total, es decir, casi 4 de cada 5.

“La distribución de las subvenciones entre las escuelas religiosas está repartida de un modo menos equitativo, que en el caso de los establecimientos no confesionales de gestión privada. En las religiosas todas reciben por igual independientemente del poder adquisitivo de quienes mandan a sus hijos allí. Mientras que en las escuelas no religiosas hay una mayor proporción de unidades educativas que pertenecen al nivel socioeconómico más bajo que no reciben aportes. El favoritismo por las instituciones católicas es notorio. Podemos inferir que el Estado argentino gasta en educación católica un total de $18 mil millones”, aseguró Fernando Lozada que también pertenece a Ateos y Ateas de Mar del Plata.

Fuente: El Tribuno