Un estado de incertidumbre y fuerte polémica se vive en la Armada, a raíz de la prolongada indefinición sobre la situación de los dos altos oficiales navales que fueron apartados y puestos en disponibilidad en diciembre, un mes después de la tragedia del submarino ARA San Juan. La sanción disciplinaria solo puede ser levantada o confirmada por sus superiores. Y según explicaron fuentes navales, ni el ministro de Defensa, Oscar Aguad; ni el nuevo jefe de la fuerza, vicealmirante José Luis Villán; ni mucho menos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, quieren cargar con el costo político de dejar de lado los castigos, en momentos en que los familiares de los tripulantes mantienen sus exigencias de respuestas y responsabilidades.
El contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien desde la Base Naval Puerto Belgrano conducía el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, y el capitán de navío Claudio Villamide, jefe de la Fuerza de Submarinos, llevan más de tres meses apartados de la conducción de la Armada, por la resolución 168/17, firmada por el entonces jefe de la fuerza almirante Marcelo Srur, quien los acusó de "arriesgar la integridad física de sus subordinados y actuar con negligencia e imprudencia notoria y grave, al no impedir que el buque navegara".
Hoy ninguno de los siete primeros jefes navales tienen experiencia de comando. Pertenecen a la Infantería de Marina, maquinistas navales y otras especialidades que tradicionalmente no llegan a puestos de conducción, según publicó La Nación.
"Villán y el subjefe de la fuerza, vicealmirante Francisco Javier Medrano, se excusaron para revisar las sanciones con el argumento de que eran amigos íntimos de López Mazzeo -los tres son compañeros de promoción-, lo que no es tan así", reveló una fuente cercana a los oficiales sancionados.
"Aguad quiere que el tema lo solucione la Armada y existió, además, un intento para derivar la solución al Estado Mayor Conjunto, pero Sosa se negó, porque los afectados no son sus subordinados directos", completó la fuente.
Consecuencias posibles
Los cargos de negligencia e imprudencia podrían agitar los reclamos de muchos familiares hacia la Armada y el propio Estado argentino, particularmente a la hora de plantear posibles indemnizaciones y demandas en la Justicia.
Los oficiales López Mazzeo y Villamide -señalados como responsables- impugnaron la sanción por considerarla apresurada, al basarse en informes internos desactualizados y no tener en cuenta otros análisis y documentos más recientes, como el del propio comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien el 5 de septiembre de 2017, dos meses antes de la tragedia, determinó en un informe que el buque estaba habilitado para navegar.
Ambos fueron sancionados por Srur, que pocos días después fue relevado. Las sanciones habían generado un fuerte malestar y derivó en su momento en los pedidos de retiro -por propia voluntad- de los comandantes de la Flota de Mar, la Infantería de Marina, la Aviación Naval y Mantenimiento y Arsenales. Siempre quedó flotando en sectores de la Marina la sensación de que las sanciones se aplicaron para "entregar culpables, apresuradamente, antes de completar una investigación seria".
En sus descargos, López Mazzeo y Villamide señalaron que las limitaciones operativas que se habían detectado en el ARA San Juan en acciones anteriores "no afectaban la seguridad náutica". Incluso, advirtieron que las reparaciones sugeridas no eran urgentes, dado que habían sido previstas para el primer semestre de este año.
Fuente: El Tribuno
