La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri se armaron “verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional” desde organismos como AFI, AFIP, UIF y OA que en su consideración “articularon una feroz e inédita persecución” en contra de ella y de su familia.
A través de las redes sociales compartió las presentaciones que hizo ante la justicia federal de Río Gallegos y la AFIP por ‘utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial‘.
Las denuncias que hizo la expresidenta son en relación al proceso fiscal por el que el organismo recaudador, durante la gestión anterior, le reclamó el pago de más de $8 millones en multas dispuestas en relación al Impuesto a las Ganancias. La AFIP impulsó esta medida luego de que la intimara por la existencia de una deuda y la ejecución de la misma.
Cristina pidió en sus presentaciones la nulidad de las acciones judiciales y administrativas sancionadas en su contra por la causa “Fisco Nacional AFIP contra Fernández, Cristina Elisabet s/ Ejecución Fiscal”. Habló de una ‘”inexistencia de la deuda” y criticó “los intereses y la multa‘ aplicados por el organismo recaudador. Calificó de ‘persecutorio” el procedimiento hacia ella y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y pidió que sea dejado “sin efecto”.
Indicó en ambas presentaciones que quedó demostrada “la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal”. Además vinculó el proceso a la elección en la que resultó electa senadora. “Una perlita: al procedimiento clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Aunque sean un poco extensos, léanlos. Vale la pena”, planteó.
Además volvió a hablar de lawfare, con fuertes críticas a la Justicia y a los medios de comunicación. “Para los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Luego cuestionó las anteriores gestiones de organismos como la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. “El 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”, acusó.
Además adjuntó las presentaciones que hizo al respecto tanto en la Justicia Federal de Río Gallegos como ante el organismo recaudador. “Uno se presentó esta mañana ante el juez federal de Río Gallegos. El otro, fue presentado también esta mañana ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont”, indicó.
