El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa que investiga a la senadora y expresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner como supuestos jefes de una "asociación ilícita" en el expediente conocido como Los Sauces 

Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita, lavado de activos y dádivas: la Justicia considera que simulaba contratos de alquiler de propiedades para encubrir retornos de contratistas del Estado.

La medida incluye a Romina Mercado (hija de la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner), a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a los hijos de Báez, Leandro, Luciana y Martín Báez; y al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, entre otros.

La hipótesis es que López y Báez se enriquecieron y retornaron dinero limpio a los Kirchner a través del alquiler de departamentos y hoteles que Cristina y Néstor Kirchner habían adquirido previamente.

Quienes idearon la maniobra, según el fiscal Gerardo Pollicita, fueron Cristina y Néstor Kirchner, quienes lograron que Báez se transformara en dueño de un conglomerado de más de 30 sociedades y que dos "empresarios amigos", Cristóbal López y Fabián de Sousa, se convirtieran en dueños de un holding de más de 150 empresas.

Para el fiscal Pollicita, una vez que las ganancias estaban en poder de los empresarios, Cristina y Néstor Kirchner "desarrollaron un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que, una parte de aquellas pudieran llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal".

Para hacerlo, según la hipótesis de la Justicia, la senadora y expresidenta y el expresidente -fallecido en 2010- montaron un circuito basado en el pago de alquileres de departamentos y habitaciones hoteleras que les permitió "canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas a favor de la empresa Los Sauces", de la familia Kirchner, que se encargaría de recibir el dinero de "empresarios amigos" y aplicarlo al negocio hotelero e inmobiliario en un "proceso de reciclaje".

El juez Ercolini decidió elevar la causa Los Sauces a juicio oral. El magistrado, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 10, está a cargo de otras dos causas vinculadas a la de Los Sauces: el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez y el expediente conocido como "Hotesur".