El Gobierno de Salta encarará el proceso para renegociar una deuda de 390 millones de dólares por los préstamos que tomó la gestión que encabezó JUAN MANUEL URTUBEY para el Fondo de Reparación Histórica y el Plan del Bicentenario.

La autorización para que el gobierno de Gustavo Sáenz lleve adelante la refinanciación fue avalada ayer por la Cámara de Diputados con 57 votos a favor, número que representa la mayoría exigida para este tipo de leyes. El único voto en contra fue expresado por el diputado del PO Claudio Del Pla, quien consideró que se quiere evitar que la Provincia entre en default el 6 de agosto por incumplimiento de pago y aventuró que "la renegociación puede implicar un crecimiento de la deuda".

A instancia de la oposición, la ley también dispone la creación de una comisión bicameral de seguimiento, con dos diputados y dos senadores, para controlar e informar periódicamente a las dos cámaras legislativas.

La Provincia tiene emitidos dos títulos de deuda pública en moneda extranjera pendientes de cancelación. Uno por el Fondo de Reparación Histórica autorizados por ley 7691 y otro el Bono del Bicentenario autorizado por ley 7931.

Los del FRH fueron emitidos en el 2012, con vencimiento en el 2022, con una tasa de interés del 9,5%, por un monto total de 185 millones de dólares. A la fecha está pendiente de cancelación de 38 millones de dólares y los mismos están garantizados con la cesión de regalías hidrocarburíferas. El Bono del Bicentenario fue emitido en el 2016, con vencimiento en el 2024, con una tasa de interés del 9,125%, por un monto total de 350 millones de dólares, sin garantías específicas.

El crédito que el Gobierno provincial tomó en 2012 era para financiar proyectos en el norte provincial, algunos de ellos están sin terminar. 
 

La necesidad de refinanciar la deuda fue expresada por Sáenz a través del mensaje adjunto al proyecto de ley que envió a las cámaras de la Legislatura provincial.

Si bien el primer semestre del año arroja un resultado primario positivo por las medidas de contención del gasto público adoptadas, los recursos corrientes solo permiten afrontar los gastos de funcionamiento del Estado, siendo su excedente insuficiente para solventar otros gastos y el pago de los servicios de la deuda, informó el mandatario.

Este endeudamiento también se originó para la compra de maquinarias y obra pública. Hubo trabajos ejecutados por los municipios. 
 

La pérdida del valor del peso, la caída en la recaudación y la atención que requiere la pandemia de la COVID-19, también fueron señalados como elementos que inciden en las arcas provinciales.

La ley, que será sancionada mañana por el Senado, declara prioritaria para el interés de la Provincia la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial.

Con la sostenibilidad se espera que permita liberar recursos para afrontar la recesión, la atención de las necesidades vinculadas a la pandemia y a la pospandemia de la COVID-19 y, también, generar condiciones básicas para la realización de obras de infraestructura que posibiliten el crecimiento de la provincia en su conjunto.