Mauricio Macri avanza con el plan de reducción del déficit del Estado y las autoridades eclesiásticas parecen comenzar a aceptar que deben resignar parte del dinero que reciben de las arcas públicas.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dejó entrever que ayer se iniciaron negociaciones con el Gobierno para comenzar a resignar, paulatinamente, los fondos que el Estado le otorga a la Iglesia.
Según Infobae ya se conformaron dos equipos técnicos ad hoc, del Gobierno y de la Conferencia Episcopal, para evaluar los números. El del Ejecutivo está encabezado por Alfredo Abriani, Secretario de Culto que reemplazó a Santiago de Estadra, quien era del riñón de Marcos Peña.
En este contexto desde la Casa Rosada hicieron un guiño para no complicar la relación con la Iglesia que ya está deteriorada cuando Macri frenó las incorporaciones en el Código Penal referidas al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que finalmente no prosperó en el Senado.
Según reveló Marcos Peña, meses atrás, las asignaciones a los Obispos ascienden a poco más de $ 130 millones, según el Presupuesto 2018, y comprende a obispos diocesanos -con una remuneración de $46.800-; obispos auxiliares, $40.950; obispos eméritos, $40.950, y administradores apostólicos y diocesanos, $46.800.
Ya hubo tres reuniones y desde Casa Rosada aseguran que se evalúan cuatro o cinco alternativas para efectivizar los recortes del Estado a la Iglesia aunque, al menos por ahora, no se verán afectados los subsidios que el Estado otorga a sacerdotes de zonas vulnerables, ni la asistencia a instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, del Ministerio de Desarrollo Social.
Fuente: La Gaceta
