Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del país, y motivaron una acción concreta. Decidido a que los $31.000 millones que destinará este año a paliar el grave déficit habitacional que vive el país "llegue efectivamente a quienes lo necesitan", el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales, confirmó La Nación.
La novedad, que llega en línea con las medidas de "austeridad" y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.
Las irregularidades detectadas, y la necesidad además de sacar un rédito político en vísperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial. "Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas", afirmaron a LA NACION voceros del ministro.
La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado "evitar los abusos", que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a "provincias gobernadas por el PJ".
Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.
"Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente", afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan .
El gobernador local, Sergio Uñac, fue el primero en confirmar su adhesión a la resolución que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deberá pasar, en primer lugar, por la administración central antes de ser adjudicado. El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismoscomo la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. "Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales", detallaron desde el Gobierno.
Según datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecución en todo el país. "Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos", ampliaron las fuentes oficiales.
En Casa Rosada mencionan el caso de Tucumán , donde a fines del año pasado se sucedieron las denuncias contra el IPV, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.
En la misma San Juan, donde se desarrolló la reunión de representantes provinciales, abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas. Y en Chubut aún se recuerda el juicio, el año pasado, contra miembros del IPV de Comodoro Rivadavia , que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas.
En los sondeos previos, Kerr se encontró con muchos apoyos y una sonora negativa: la de San Luis . Los funcionarios que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría "una intromisión en los números de la provincia". A ellos, y a quienes se opongan, la Casa Rosada les dirá que la adhesión a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condición para recibir el financiamiento.
Para el Gobierno, otro dato que obliga a reforzar controles es lo ocurrido con el Fonavi. "Las provincias adhirieron a la ley 24.464 que los obliga a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple", comentó una fuente oficial.
"Imaginamos que habrá una amplia mayoría de gobernadores que no se opondrá a una mayor transparencia", afirmó Kerr, confiado en que la presión a las provincias rinda rápidos frutos.
Fuente: Informate Salta
