La mayor amenaza judicial contra la Argentina en el extranjero, una demanda de 3000 millones de dólares de un fondo buitre por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner , ingresó a instancias cruciales en Nueva York. El Gobierno estima que los costos totales del juicio podrían trepar incluso más, motivo suficiente para el desvelo en tiempos de escasez y tormentas financieras.
Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de la Nación, viajó a Nueva York pocos días atrás para supervisar los argumentos de los abogados que representan al Estado argentino. Se debate entre el cielo o el infierno: el tribunal debe definir si el juicio corresponde trasladarlo a Buenos Aires o si avanza en Nueva York. Los tiempos están vencidos pero el tribunal todavía adeuda una respuesta. Si la resolución de la Corte del Distrito Sur de Nueva York es desfavorable, el gobierno está convencido de que la mejor estrategia es patear el tablero.
Existe un método judicial para que las fichas vuelen por el aire. Si la corte finalmente resuelve que el juicio prosiga en Nueva York, la decisión de la Procuración del Tesoro es requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como "discovery process", y que obligaría a la justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York. La estrategia fue confirmada al diario La Nación por fuentes gubernamentales. Tirar de la cuerda puede derribar una mampostería pesada.
La amenaza traza una línea recta entre Nueva York y Comodoro Py. Desde 2006 descansa en el juzgado de Ariel Lijo una denuncia de Elisa Carrió y Paula Oliveto sobre los manejos del kirchnerismo en torno a YPF. En 2012, las legisladoras ampliaron la denuncia para que se investigara en particular la venta de las compañías del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. "Es evidente que estamos en presencia de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF. Todo ello, ante la anuencia de los representantes del Ministerio de economía, Planificación y SIGEN que fueron partícipe del vaciamiento, ya que suscribió sin realizar controles de ningún tipo tanto de las memorias como de los balances de YPF", concluyeron las denunciantes. En otras palabras, que la familia Eskenazi sabía que vendía básicamente el derecho a un juicio internacional contra la Argentina cuando entregó sus empresas.
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio. De todas formas, si la Corte de Nueva York finalmente se inclina por el infierno, el estudio Skadden de Nueva York, que patrocina al Estado argentino, tiene la indicación de avanzar con el "discovery process" para conocer los detalles del acuerdo que dejaron en manos del fondo Burford el poder de litigar contra la Argentina.
Para subrayar que se trata de protagonistas diferentes, en el Grupo Petersen sostienen que el fondo Burford no sólo compró las empresas de Ezkenazi, sino que es un jugador global de los litigios financieros.
"Hay tres opciones: quilombo, mega quilombo o giga quilombo; si el juicio sigue en Nueva York vamos por la opción del giga quilombo", describe con tono dramático un funcionario a cargo del seguimiento del proceso. En los cálculos a mano alzada del Gobierno estiman que el costo del juicio podría alcanzar los 5000 millones de dólares, en otras palabras, un tercio del primer desembolso del FMI.
La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF, antes de venderlas al fondo Burford. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos. La Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional en el mercado.
Así y todo, en la Casa Rosada también tomaron nota de los emisarios del gobierno español que en los últimos meses se acercaron para consultar por las vicisitudes del juicio. Si es tan clara la línea que separa el pasado del presente, ¿por qué la preocupación actual? A fines de 2007, Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, adquirió el 14,9% del capital accionario de YPF por 2.235 millones de dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera incluyó una red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio después la propia YPF.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos 5.000 millones de dólares, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraída con la propia Repsol. Fue el preámbulo de la llegada de Burford al juzgado del inmemorial juez Thomas Griesa. Su señoría murió, al fin, a los 87 años, y su lugar lo ocupó la jueza Loretta Preska, quien en contra de las esperanzas locales por el cambio de nombre, le dio la razón al fondo Burford. Ahora tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York debaten dónde continuará el juicio. El legado de Griesa no garantiza sosiego para los nervios locales.
Fuente: La Gaceta
