La intención, confirmada por fuentes de la Jefatura de Gabinete, quedó plasmada en una contestación de demanda que la Procuración del Tesoro envió el año pasado al juez que tramita la expropiación.
La causa para la expropiación había sido suspendida en 2013 por un recurso de amparo que después confirmó la Corte Suprema.
La discusión es por ahora meramente jurídica y en voz baja, pero cumple a rajatabla con una lógica no siempre respetada en la Argentina: la continuidad del Estado, que es el principio según el cual un gobierno no puede repudiar obligaciones suscriptas por su antecesor. La principal diferencia es el precio en que se hizo la transacción -30 millones de dólares, frente a 131,8 millones que estimó un peritaje de la etapa de instrucción de una causa penal paralela sobre el mismo tema- y el plazo de los pagos, incluida una renegociación que se hizo en 2001 y que dejó pendiente cumplir con tres cuotas que suman seis millones.
‘¿Se dieron cuenta de que están defendiendo un decreto de Cristina?‘, se quejó meses atrás, durante las conversaciones con funcionarios, uno de los abogados de la Rural. ‘Es que pensamos que es correcto‘, recibió por respuesta.
En el Gobierno explican que seguirán con los pasos procesales hasta que se defina la cuestión de fondo. ‘El concepto es: no cambiamos nada hasta que se resuelva la causa madre‘, explicaron. En la Rural defienden la operación y el monto. ‘La causa es tan absurda que nunca fue a juicio oral. El predio fue legítimamente comprado, tal como lo establecía el marco legal vigente. Si tienen dudas, que vayan a la Justicia, pero no pueden ser juez y parte por decreto‘, dicen.

Objeciones

La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado, que se lo vendió en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. La contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri, que tiene fecha del 21 de abril del año pasado y lleva la firma del jefe de ese organismo, Carlos Balbín; de la subprocuradora, Susana Vega, y de los abogados Arturo Abriani y María Fernanda Arcuri, coincide con Cristina Kirchner en la ‘invalidez‘ del decreto de Menem (el 2699). ‘Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular‘, afirma el documento, y enumera entre los ‘vicios‘ que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. ‘El precio de la venta fue ½vil”, considerando el valor del Predio Ferial de Palermo‘, agrega.

Las objeciones

Otra de las objeciones de la Procuración es que para el traspaso se haya utilizado el sistema de contratación directa, un mecanismo que define como excepcional, sin justificar para eso ‘circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general‘ que lo ameritaran, algo que tampoco se hizo para explicar el ‘diferimiento del pago‘. También que el predio se haya utilizado con fines comerciales y la celeridad con que se conformó la sociedad para adquirirlo: ‘Si bien formalmente se justificó que la venta se hacía por contratación directa porque la entidad adquiriente utilizaría el bien ½con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios”, los actores de la operación sabían que utilizando una sociedad anónima que conformaron el mismo día de la venta destinarían el bien a una finalidad comercial‘.
En otro de los apartados, la Procuración afirma que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno, decisión que en su momento anunció el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el argumento de que la venta se había concretado ‘en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina‘. 

Apelaciones

La Rural apeló la medida y logró que la Cámara Federal Civil y Comercial suspendiera el decreto el 4 de enero de 2013, decisión que la Corte Suprema confirmó en agosto de ese año con cinco votos a favor de la entidad agropecuaria -Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Elena Highton y Carmen Argibay- y dos en contra, a cargo de Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni.
Pero el gobierno de Macri sostiene ahora que aquella determinación de la ex presidenta fue correcta. Así lo consigna la nota que la Procuración le envió al juez en el apartado 3.1.2, que subtitula ‘validez del decreto N° 2552/12‘. ‘La revocación en sede administrativa que dispuso este acto del decreto 2699/91 [el de Menem] constituye un acto válido y legítimo‘, insiste, y agrega que ‘el decreto N° 2699/91 es un acto irregular, que detenta vicios que ocasionan la nulidad absoluta e insanable, y por lo tanto la administración tenía el deber de revocarlo aun en sede administrativa‘. Después agrega que ‘la Sociedad Rural Argentina conocía los vicios del citado decreto (porque fue en parte partícipe de su producción), por lo cual no podía invocar la estabilidad del acto en su favor‘.
Voceros de la Rural defendieron las condiciones en que se hizo el traspaso. ‘Se convocó a los bancos Hipotecario y Ciudad de Buenos Aires y a un consorcio de inmobiliarias para determinar el valor del inmueble, no se hizo un uso irrestricto del bien, sino que se empleó sólo a los efectos del predio ferial, se invirtieron 70 millones de dólares y se cumple con el aporte del 5% al Estado de lo que se recauda en boleterías‘, agregaron, y ratificaron que seguirán discutiendo el conflicto en la Justicia.

El Tribuno