El talón de Aquiles para reducir el déficit fiscal es el peso del empleo público. El Gobierno nacional no logró contener la inflación, que superará ampliamente, según proyecciones del Banco Central, el 15% y llegará al 28%.

Los empleados públicos acordaron un incremento escalonado de los salarios del 15% en cuatro tramos; febrero, mayo, julio y septiembre. De cada cien pesos que ingresan al Estado salteño, 60 pesos, en promedio, se destinan para los haberes.

En los últimos años, el presupuesto se volvió más rígido para invertir en otras necesidades por la porción que se lleva la masa salarial, que creció un 172% entre 2014 y 2017. Es que en las paritarias anteriores se acordaban ítems particulares, que elevaban el aumento real de los sueldos.

La calificadora de riesgo, en su reciente informe, plasma que Salta utilizó adelantos de coparticipación en los primeros cinco meses del año por $500 millones mensuales "para hacer frente al pago de haberes, y luego fueron retenidos los fondos coparticipables hasta su cancelación total".

Con este instrumento, el Grand Bourg también evitó acceder a otro financiamiento como la emisión de Letras del Tesoro.

Aunque los gremios piden reabrir la paritaria, las condiciones vulnerables en las que aún se enmarca a la Provincia pueden empeorar el panorama fiscal. Un dato que no es menor y que también lo remarca Fitch: el Presupuesto no contempló el acuerdo salarial para el corriente año.

La semana pasada, los gremios estatales empezaron a reclamar por la reapertura de las paritarias. En lo que va del año ya hubo actualizaciones del 7,5%. En julio está previsto un incremento del 2,5% y en septiembre de un 5%.

El Gobierno había prometido volver al diálogo en agosto para monitorear el desempeño de la economía.

Entre las debilidades que marca la consultora internacional se señalan las "presiones inflacionarias y salariales en el gasto".

Si bien hay un incremento del flujo de ingresos propios, sigue elevada la dependencia de los ingresos federales. Un 75 por ciento de los recursos que maneja la Provincia provienen de distintas transferencias del Gobierno nacional.

Fuente: El Tribuno