Tras la masiva protesta denominada como el “Banderazo nacional” en todo el país, el presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Residencia de Olivos con el interventor de Vicentin, Gabriel Delgado, para “buscar una propuesta superadora, pero no significa que esté descartada la expropiación”, aunque indican que ese camino sería el último en elegirse.
Así lo anticiparon a Noticias Argentinas fuentes oficiales, que precisaron que “hoy la expropiación es el último recurso pero no significa que esté descartada”.
“Insistimos en buscar una propuesta superadora. No significa que esté descartada la expropiación, está en stand by. Hoy la expropiación es el último recurso”, manifestaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al Presidente.
En ese marco, Delgado afirmó que repasó con el jefe de Estado “todas las alternativas”, y aclaró que “el propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo”.
“Con Alberto Fernández analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”, publicó Delgado en redes sociales.
El encuentro se produjo luego de que en la jornada del pasado sábado un grupo de productores agropecuarios, sectores de la oposición y autoconvocados llevaron adelante una protesta en distintos puntos del país contra la posible expropiación de la cerealera.
La intervención de Vicentin fue anunciada por el Presidente el pasado 8 de junio, tras la publicación de un decreto que dispuso la intervención de la compañía por parte del Poder Ejecutivo, en medio de un concurso de acreedores.
La empresa se encuentra en una cesación de pagos, con una deuda por más de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación que se suma a la que mantiene con acreedores privados y productores agropecuarios.
Sin embargo, el proyecto anunciado no fue enviado al Congreso de la Nación, y en el medio hubo un fallo judicial que modificó la situación e intensas gestiones por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para tratar de destrabar el conflicto sin recurrir a la expropiación.
El pasado viernes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de acreedores de Vicentin, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días, al tiempo que estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, quede como veedor.
El viernes a última hora, Perotti anunció una propuesta para la creación de un órgano interventor y una administración mixta que, según dijo, cuenta con el apoyo del Gobierno.
Antes de que se realizara la movilización, Fernández señaló que si la Justicia no acepta la propuesta de Perotti, el único camino para destrabar la situación de Vicentin será la expropiación.

Acreedores siguen de cerca

La cerealera argentina que quedó al borde del default durante el gobierno de Mauricio Macri y que Alberto Fernández podría intentar expropiar inquieta en Estados Unidos y en Europa, lo que llevó a la intervención de la Justicia de Nueva York y a la contratación de entidades financieras locales para que lleven adelante la negociación de los pasivos.
Si bien la mayor deuda de Vicentin es con el Banco Nación, por cerca de $18 mil millones, la deuda con toda la banca internacional sumada supera ampliamente esa cifra, por lo que los acreedores internacionales siguen de cerca todo el entramado entre el Gobierno, la Justicia y la empresa.
Tres deudores sobresalen por los montos: la Corporación Financiera Internacional con base en Estados Unidos (16.504,8 millones de pesos), la Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Holanda (9.228,4 millones) y la sucursal Tokio del Banco ING (4.420 millones).