Para colocar a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a recaudar coimas, el juez Claudio Bonadio recabó diferentes pruebas y testimonios. Entre ellas, una contundente: solo en su departamento de Recoleta se hicieron 87 entregas por US$ 69.722.600 millones de acuerdo a la resolución judicial.

Entre las acusaciones contra la expresidenta, se señaló que el dinero se entregaba “alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo a través de sus secretarios privados en Uruguay 1306”, domicilio particular del matrimonio Kirchner en la Capital Federal. Además, señaló que parte de esos montos fueron “redistribuidos o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.

Bonadio procesó a otros 41 imputados entre exfuncionarios y empresarios. Se los señala de haber integrado una organización delictiva entre 2003 y 2015 que se dedicó a recaudar fondos ilegales. En este sentido, apuntó a Julio De Vido y Roberto Baratta como organizadores de la maniobra.

El frente del edificio de la familia Kirchner en Recoleta.

La justicia entiende que el “dinero ilegal recaudado” tuvo como finalidad “el enriquecimiento” de sus principales responsables, los expresidentes, el exministro de Planificación Federal y Baratta, exmano derecha de De Vido. Los envíos, en buena medida, fueron transportados en el auto que conducía Oscar Centeno, el hombre que desnudó esta trama de corrupción.

Por otra parte, la justicia determinó que las entregas de dinero también se realizaron en la Quinta de Olivos, donde varios testigos señalaron que la exmandataria presenció los pagos.

En la resolución se detalló que al realizarse los allanamientos en la residencia de El Calafate “se encontró en el subsuelo una bóveda que si bien su entrada tenía una puerta de madera el contramarco de la misma era de acero y del testimonio del arquitecto Jorge Soler y del ingeniero Alberto Groba se determinó que hubo una puerta blindada”.