El último estudio de Unicef sobre la situación de los adolescentes detenidos en el país deja en claro que de poco sirve encerrarlos en un sistema que no lleva a ninguna mejoría cuando recuperan la libertad y vuelven a las mismas condiciones que los pudieron haber llevado a cometer algún delito.

El documento del organismo de las Naciones Unidas para la infancia es concluyente al afirmar que "los datos presentados indican que la privación de la libertad es una medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social que debe tener toda sanción especializada para adolescentes".

Para el relevamiento, que lleva el título de "Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina", se entrevistó a chicos y chicas menores de 18 años de 22 centros cerrados del país, entre ellos los de la capital salteña, Orán y Tartagal. La muestra fue tomada en 2015 por regiones geográficas: Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma), Centro, Cuyo y Norte del país.

Entre los datos recolectados durante la encuesta surge la preocupante relación que existe entre los adolescentes detenidos y las drogas. Se detectó que más del 80 por ciento probó algún estupefaciente.

Para cada región hay una droga que prevalece. En el norte argentino es la destructiva y adictiva pasta base, cuyo consumo en esta zona llega casi al 47 por ciento de los menores de edad privados de su libertad: el doble de la media nacional.

"Lamentablemente, hay un alto porcentaje de chicos que tienen un consumo problemático. Las y los adolescentes que llegan al sistema penal juvenil son la consecuencia del fracaso de políticas públicas, de la vulneración de derechos", explicó a El Tribuno la directora general de Justicia Penal Juvenil de la Provincia, María Juncosa.

La funcionaria detalló que se abordan las adicciones de los chicos y chicas que están recluidos mediante la intervención de diferentes dispositivos de la Secretaría de Adicciones y el Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas), entre otras acciones para el tratamiento y la recuperación.

Las drogas solo son una parte del escenario de vulnerabilidad social del que son víctimas muchos de los adolescentes penados por la ley.

Unicef también hizo hincapié en que el sistema de Justicia juvenil del país es "selectivo" hacía la población con menores recursos.

En el norte del país, el 28 por ciento de los chicos encerrados vivió en la calle y el 14 por ciento estuvo en hogares estatales de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Casi el 60 por ciento de los encuestados había abandonado los estudios.

Dónde van a parar los chicos en conflicto 

Hay en total 67 adolescentes alojados en cinco centros de la Provincia.

En la provincia existen seis establecimientos a donde los jueces derivan a los menores de 18 años que cometieron algún delito. Fueron denominados Centros de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. 

Según detalló la directora general de Justicia Penal Juvenil, María Juncosa, en la capital funciona el Centro de Atención Juvenil de Castañares, que tiene alojados a 23 varones y el Hogar Tránsito, donde permanecen dos adolescentes.

En el interior provincial funcionan cuatro centros. Uno está en Metán, con cuatro adolescentes alojados, otro en Orán, donde actualmente hay 27 chicos y uno en Tartagal, con 11 residentes. 

En Cerrillos se encuentra el centro Michel Torino, donde aún se realizan obras de remodelación, como lo ordenó la Corte de Justicia en 2015 al hacer lugar a una demanda que presentó la fiscal penal de menores Carolina Hernández para que mejoren las condiciones de alojamiento para los adolescentes en conflicto con la ley de toda la provincia. Para ese entonces la mayoría de los centros estaban en paupérrimo estado, lejos de las exigencias de las normas mundiales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Según estimó Juncosa, las obras que se ejecutan en la institución cerrillana estarán terminadas a fin de año o en los primeros meses de 2019. El centro tiene capacidad para albergar a 10 personas con la particularidad de que está diseñado para la implementación de un régimen semiabierto de cumplimiento de las disposiciones para los adolescentes.

El centro de Metán también estuvo cuestionado a fines del año pasado cuando la jueza de esa localidad, Carolina Poma Salvadores, ordenó una serie de mejoras edilicias, la designación de un psicólogo, acceso a la educación y recreación en ese establecimiento tras la presentación de un hábeas corpus impulsado por la asesora de Incapaces Marta del Milagro García.

La titular del área de Justicia Penal Juvenil señaló que en promedio son unos 60 adolescentes los que están alojados en los centros cerrados. La cantidad varía cada día y depende de la formación de los jueces de turno y hasta de la época del año. Contó que en invierno suele haber más derivaciones.

En los centros juveniles hay núcleos educativos organizados para los contextos de encierro, ya que más de la mitad los residentes está atrasado en la escolaridad. 

Demoras en el nuevo Régimen Penal Juvenil

Aún no se inició el proceso para nombrar a los funcionarios judiciales.

Aún no hay novedades en la Justicia salteña sobre la implementación de la ley del nuevo Régimen Penal Juvenil que fue reglamentada por el Gobierno provincial en septiembre pasado. 

Los cambios en la normativas para juzgar a niños, niñas y adolescentes fueron impulsados por la Corte de Justicia, pero todavía no se avanzó desde el Poder Judicial en las designaciones de los fiscales y funcionarios necesarios para cumplir con la ley.

Según estimaron fuentes judiciales, los procesos de nombramiento se pondrían en marcha recién después de la feria judicial.

El nuevo régimen propone la creación de juzgados penales de menores, defensorías y designación de fiscales de menores. También ordena la sanción de medidas no privativas de libertad y promueve el sistema de mediación, de una justicia restaurativa, para resolver los conflictos entre las víctimas y los adolescentes.
Se creará, además, un registro de antecedentes para los menores de 18 años involucrados en algún delito, que estará a cargo de la Corte.
La normativa consta de 34 artículos y entrará en vigencia una vez que sean posesionados en su cargo los fiscales, defensores oficiales y asesores de Incapaces necesarios.