En medio de las protestas por las domiciliarias a los presos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que los jueces “tendrán que dar respuestas” si cometieron errores y desligó al Poder Ejecutivo de las liberaciones de detenidos que tuvieron lugar por el riesgo de contagio de coronavirus: “El Gobierno no debe ni puede liberar ni meter preso a nadie”, explicó.
El ministro coordinador consideró que los cacerolazos contra las liberaciones masivas de detenidos son expresiones de “angustia lógica” al ver que se tomaron decisiones que “conmovieron a los argentinos porque se sintieron inseguros”. “Nadie puede estar tranquilo si hay un violador en libertad o un genocida suelto”, agregó.
En esa línea, intentó correr del blanco de las críticas y reclamos al Frente de Todos y puso en ese lugar al Poder Judicial: “No es correcto vincular al Gobierno porque el Ejecutivo no debe ni puede liberar ni meter preso a nadie”. Y agregó que si hubo jueces que se equivocaron, “hay mecanismos para que den respuestas de sus actos”.
Sostuvo que la protesta de los ciudadanos no buscó responsabilizar al Gobierno por los beneficios a la población carcelaria. “Muchos militantes y votantes de Alberto (Fernández) tocaron las cacerolas”, afirmó en diálogo con radio La Red.
Cafiero apuntó contra la oposición por vincular las domiciliarias con una decisión que bajó desde la Casa Rosada: “La angustia fue aprovechada por un sector opositor con mezquindad”.
Jubilaciones
A su vez, anticipó que el próximo ajuste del haber jubilatorio se está analizando en el gabinete económico y que saldrá por decreto en junio: “Tiene muchísimas aristas y componentes. Para fines de mayo ya vamos a tener el número del aumento”, confirmó.
El Presidente en febrero estableció por decreto un incremento a partir de marzo del 2,3% más una suma fija de $1.500, mientras que las asignaciones familiares tuvieron un aumento del 13% sobre los montos.
En diciembre, el Gobierno había suspendido por 80 días la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, plazo en el que se comprometía a crear una nueva fórmula. En ese ínterin, el Ejecutivo quedaba facultado para otorgar los aumentos a esos sectores.
