Una niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro no accederá al aborto en Mendoza, en un caso igual al que marcó la agenda informativa de la última semana en Salta y derivó en un giro en la política de JUAN MANUEL URTUBEY en la materia.

La situación de la nena, según detallaron medios nacionales, se conoció gracias a la denuncia de una maestra de Mendoza, donde el Gobierno de Alfredo Conejo no tiene un protocolo para garantizar el aborto no punible en los casos previstos por el Código Penal: cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre.

"La nena dio a conocer su intención de seguir adelante con el embarazo, luego de ser entrevistada por los especialistas. No va a haber aborto", sostuvieron fuentes judiciales de Mendoza.

En Salta, una niña de la misma edad llegó al Hospital Público Materno Infantil a principios de mayo por un dolor de estómago. Los médicos descubrieron que estaba embarazada de 19 semanas y entonces ella contó que su padrastro la violaba.

La respuesta de las autoridades de la Provincia fue la misma que se difundió en Mendoza. "Con respecto al caso de la menor salteña embarazada que tomó estado público, la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo", comunicaron desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta.

Pese a la supuesta "voluntad" de la niña de ser madre, la interrupción del embarazo tampoco se hubiera podido realizar en Salta porque regía hasta hace días un cuestionado protocolo que fijaba como tope la semana 12 para que una víctima de violación accediera al aborto no punible.

Tras la repercusión nacional del tema, y en medio de una ola de críticas, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció el jueves que Salta se adheriría al protocolo de la Nación para estos casos, que no estipula ningún plazo para realizar el aborto no punible.

El caso de Mendoza conmocionó a la población cuando empezó a circular el audio que una docente había mandado a sus colegas para pedir ayuda por la situación de la nena embarazada y por la de sus hermanos "que no tienen cuadernos, ni ropa, ni bombachitas, ni cartucheras, ni zapatillas, nada".

La grabación se hizo viral y el caso se difundió en el diario Página 12. Los chicos tienen 1, 6, 8, 11 y 12 años; el más pequeño no está anotado en el Registro Civil y el mayor tampoco tiene documento de identidad.

Mario Abed, intendente de la ciudad mendocina de Junín, respondió que "ya está actuando la OAL (Órgano Administrativo Local) para proteger los derechos de estos menores. Todos han quedado al cuidado de sus abuelos. El problema es que estos abuelos ya tienen al cuidado a otros nietos y por eso les han faltado útiles, colchones y hasta ropa y calzado".

El funcionario criticó a la docente porque "los directivos de las escuelas saben que hay organismos para dar intervención". Abed consideró que "lo más grave de todo esto, es que pueden vulnerarse derechos de los chicos" porque en el audio está el nombre de la niña abusada.

La provincia de Mendoza está entre las que no adhirieron al Protocolo Nacional de Aborto no Punible, por medio del cual se establecen los pasos para la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación.

En febrero, la ministra de Salud mendocina, Elisabeth Crescitelli, afirmó que no pondrán en vigencia el protocolo ni redactarán uno propio, a la espera de lo que sucederá con la ley de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en el Congreso.

"Enfocarse en la discusión de un protocolo no es el centro del problema porque nosotros, de hecho, damos discusión y resolvemos los problemas del hospital público dentro de lo que es legal", afirmó Crescitelli.

El fallo de la Corte Suprema nacional que reafirmó que el aborto no es punible en casos de violación y riesgo para la madre obligaba a las provincias a dictar protocolos para realizar la intervención y es de 2012.

Dudas y reclamo

Tras la repercusión del caso de la niña embarazada por su padrastro en Salta, desde el Gobierno se preocuparon por remarcar la “voluntad” de la niña, y su madre, de no abortar. 

Las integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres reclamaron una investigación que determine si la víctima y su mamá recibieron información clara sobre el derecho a interrumpir el embarazo en estos casos. 

Desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos se difundió que la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, es la funcionaria que informó sobre esta “decisión” de la niña y su madre.

“La nena fue valorada médicamente y acompañada por todo el equipo interdisciplinario del Hospital Público Materno Infantil desde su ingreso. Asimismo, se continuará con el seguimiento”, comunicaron desde el Gobierno cuando se hizo público el caso.

Fuente: El Tribuno