Llegar al hogar y encontrar varios sobres en el buzón, o al pie de la puerta, todos con resúmenes y cuentas para pagar. La escena aún forma parte de la vida cotidiana en la Argentina, pero podría quedar en el olvido antes de lo pensado. No sólo porque cada vez más gente prefiere recibir esos documentos en la PC o el celular. También porque el Gobierno, en una decisión polémica, permitió a las empresas dejar de enviar la información en papel, incluso a los clientes que no hayan pedido migrar a la modalidad digital ni aceptado una propuesta al respecto.
Año a año, los envíos electrónicos venían ganando terreno sobre los analógicos. Tanto que hoy ya hay grandes bancos y empresas de servicios donde 70 a 90% de los clientes ya no reciben ni un solo sobre.
Como otro síntoma, los servicios postales están llevando muchas menos cartas. Según el Ente Nacional de Comunicaciones, si en 2012 se enviaron 682,7 millones de facturas, en 2016 eso bajó a 519,8 millones: 1 de cada 4 sobres ya no se envía. Y en los primeros 9 meses de 2017 -el dato más reciente- hubo otra caída del 4%.
Esta transición se producía, al menos supuestamente, de forma voluntaria. Las empresas se lanzaron a ofrecer el envío digital y muchos usuarios lo aceptaron, por considerar el soporte electrónico como más rápido, práctico y confidencial, además de ecológico.
De otro modo habría sido ilícito cualquier cambio, porque el artículo 4 de la ley 24.240, tras una reforma introducida en 2016, establecía que las empresas debían dar la información en "en soporte físico". Y que la carta sólo podía suplantarse "si el consumidor o usuario optase de forma expresa" por usar otro medio.
Ese fue el principio que el Gobierno este año invirtió, como parte del controvertido "megadecreto" 27/2018. Según esa norma, ahora los datos podrán enviarse "en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico". "En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico", ordena.
Mientras, sobre los bancos, especifica que podrán "optar por enviar el resumen en soporte electrónico", "salvo que el consumidor establezca expresamente" que lo quiere en papel. El recaudo que deben tomar las entidades, según exigió el Banco Central, es "notificar al cliente" con 60 días de anticipación sobre el cambio que hará.
Así, las empresas quedaron habilitadas a dejar de enviar cartas. Y los usuarios, de querer seguir en papel, deben pedirlo activamente llamando a un "0-800" o yendo a una oficina.
"La medida garantiza el derecho de los consumidores a ser informados gratuitamente, pero con un criterio más moderno, que aporta a cuidar el medio ambiente y mantiene disponible la opción del papel para quien la prefiera", justifica Fernando Blanco Muiño, el director nacional de Defensa del Consumidor.
Fuente: El Tribuno
