A raíz de las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer que se reabra la investigación contra la senadora nacional y expresidenta de la Nación Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito.
En una agitada jornada, la situación de la exmandataria parece complicarse, mientras crecen las expectativas por la declaración indagatoria que debe responder el próximo lunes 13.
El organismo, a cargo de Mariano Federici, tomó esta decisión luego de que el retirado magistrado denunciara en los Tribunales de Comodoro Py presiones del gobierno anterior para que acelerara su fallo en la causa contra el matrimonio presidencial, al que terminó sobreseyendo.
El organismo, que también pidió ser querellante, consideró que se trata de una “cosa juzgada írrita”, por lo que la denuncia contra Néstor y Cristina Kirchner debería ser revisada nuevamente, confirmaron fuentes oficiales.

 En el mismo juzgado

El caso quedó ahora en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que se encuentra subrogando el tribunal que dejó libre Oyarbide tras su renuncia.
El 21 de diciembre de 2009 el exmagistrado falló a favor del matrimonio presidencial al considerar que no habían cometido delitos respecto al incremento de su patrimonio, luego de analizar un informe del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia.
Ese cuerpo no detectó irregularidades en la declaración jurada del matrimonio, cuyo patrimonio sólo en 2008 creció un 158 por ciento y un 572 por ciento desde su arribo a la Casa Rosada, en mayo de 2003.
Una vez conocida esta resolución, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, había afirmado que el cierre de la causa demostraba “la clara parcialidad y la grave sospecha de corrupción” por parte de Oyarbide y le inició un proceso del juicio político. 
Antes del fallo, el entonces juez federal recibió en su despacho al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien le habría asegurado que el incremento de los bienes había sido gracias a la venta de propiedades, alquileres e intereses de plazos fijos en pesos y dólares.

 Fraude en la obra pública

El fiscal de juicio Diego Luciani pidió ayer que los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en los que se ventilan presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios kirchneristas, sean incorporados como nueva prueba en el juicio que se realizará contra la expresidenta Cristina Kirchner por fraude en la obra pública junto a Lázaro Báez. Luciani hizo el pedido al Tribunal Oral Federal 2 para que el juez federal Claudio Bonadio remita toda la prueba del expediente junto a los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta para que sea utilizado como nueva prueba en ese proceso paralelo que ya fue enviado a juicio.
“Debe considerarse que en el marco de tal expediente se encuentra investigada Cristina Fernández de Kirchner junto con diversos funcionarios que integraron el Ministerio de Planificación Federal por su presunta participación en una maniobra de corrupción vinculada a contrataciones públicas”, justificó el fiscal en su requerimiento. 
Y agregó que el expediente de Bonadio “podría contener elementos de prueba que resulten de interés” para la causa en sus manos por fraude en la obra pública, la cual aún no tiene fecha de inicio del debate oral y público.
En la causa por fraude en la obra pública están involucrados Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, el exdirector de Vialidad Nelson Periotti; Carlos Kirchner, primo del expresidente, y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros.
La causa, en la que la expresidenta está acusada como coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad. 
Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos” durante los gobiernos kirchneristas.
Se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”, agrega la acusación.
Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran “remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos” por el alquiler de plazas hoteleras, se indicó.
En enero pasado, Cristina Kirchner había presentado un requerimiento para que el proceso llegara cuanto antes a la instancia oral a fin de que el caso tenga “un esclarecimiento definitivo y público” sobre las imputaciones que, aseguró, se le endilgan “de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho”.

Fuente: El Tribuno