Anoche, al cierre de esta edición, efectivos de distintas fuerzas de seguridad y miembros de la AFIP continuaban en la ciudad santacruceña de El Calafate el allanamiento en la casa de la senadora nacional Cristina Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante el gobierno anterior.
Luego de que en la noche del pasado viernes se decidiera suspender las tareas de registro en la propiedad ubicada sobre la calle Padre De Agostini, uniformados de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura retomaron las inspecciones ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio.
En esa primera jornada, las tareas habían demandado seis horas, mientras que anoche sumaban cuatro horas de registro.
La casa de El Calafate, en la que falleció el expresidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, es la tercera propiedad de la líder de Unidad Ciudadana que es allanada en el marco de la denominada causa de los cuadernos.
Perros y tecnología
Además de los efectivos de las tres fuerzas y los miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), también había en el operativo que se llevó a cabo perros entrenados para allanamientos y distintos elementos de tecnología para revisar paredes, techos y suelos.
En la segunda jornada de tareas en la casa de El Calafate, los investigadores se abocaban a analizar el subsuelo de la propiedad, luego de las seis horas que había demandado registrar el resto del inmueble en la tarde del pasado viernes.
A diferencia de lo sucedido en la primera jornada de tareas en el predio de la calle Padre De Agostini, ayer no había militantes kirchneristas presentes en la puerta de la vivienda.
Mientras tanto, la exjefa de Estado permanecía en la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de su hija, Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución, luego de que su inmueble de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.
Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la AFIP habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.
El informe de Bonadio
En un informe, Bonadio aseguró que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, así como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, eran los "beneficiarios finales" de la presunta "organización delictiva" que autorizaba sobreprecios en obras con el objetivo de recibir retornos que eran recaudados por el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta y su secretario privado Nelson Javier Lazarte; junto con otros funcionarios como Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas.
En su breve exposición escrita, Bonadio señala que todo el entramado de pago y cobro de coimas se "derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
Detalles de lo actuado
El juez da una puntualización de los datos conseguidos hasta el momento: tomó 52 indagatorias, con 26 detenidos, 11 de los cuales fueron puestos en libertad, mientras que hay dos prófugos.
Entre los imputados hay 17 arrepentidos, 15 de ellos con la homologación del juez correspondiente.
Además detalló que hubo 70 allanamientos en los que se secuestraron 250 obras de artes valuadas en más de 35 millones de pesos y 4 millones de dólares; cerca de 6.350.000 pesos; más de 1.245.000 de dólares y 235 mil euros.
Investigan en Uruguay
A medida que la maniobra de recaudación ilegal a través de los contratos de obra pública va quedando al descubierto por las declaraciones de los arrepentidos, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio quieren avanzar sobre el destino de las coimas.
Según sus estimaciones, el total de sobornos que se habrían pagado entre 2005 y 2015, según se desprende de las anotaciones que hizo en sus cuadernos Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ascienden a US$ 200 millones.
Los elementos recabados hasta ahora en la causa de los cuadernos y su vinculación con la ruta del dinero K” que lleva adelante el juez Sebastián Casanello indican que Uruguay fue una escala ineludible en la operatoria, que incluyó la fuga de divisas al exterior y el lavado de dinero.
La Secretaría Contra el Lavado de Activos uruguaya adoptó un activo rol para determinar las conexiones de la ruta del dinero en suelo oriental. Según publicó ayer el diario El Observador, esta oficina -que depende de la Presidencia- investiga unas 20 sociedades sospechadas de ser parte de la corrupción K.
Creadas en Uruguay y jurisdicciones consideradas “opacas” como Panamá, Nevada y Suiza, habrían sido utilizadas para comprar propiedades en el vecino país con el objetivo de blanquear el dinero proveniente de la corrupción en Argentina.
En diálogo con Infobae, su titular Daniel Espinosa informó que también comenzó el rastreo de las posibles propiedades y cuentas bancarias que exfuncionarios y empresarios involucrados en la causa de los cuadernos puedan tener en Uruguay.
“Acá no se arrepiente nadie”
“Buscan quebrar al pueblo y a los dirigentes. Buscan arrepentidos por todos lados, pero acá no se arrepiente nadie”, dijo el diputado nacional y secretario general de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, durante el acto en Ferro que nucleó ayer a la militancia kirchnerista.
En el marco del escándalo de los cuadernos y de los allanamientos contra la expresidenta Cristina Kirchner, Larroque aseguró que “van contra esa dirigente que no se quiebra, que no se dobla, y que defiende al conjunto del pueblo argentino”.
En ese sentido, pidió a la militancia “organizar la esperanza” y salir a “ganar las calles”. Y agregó: “Hay patria, hay esperanza y hay 2019”.
Fuente: El Tribuno