Juan Domingo "Cacho" Javier, uno de los testigos de cargo en el juicio por el secuestro y desaparición del escribano Melitón Bustos, expresó su preocupación ante las versiones de que varios de los condenados por crímenes de lesa humanidad podrían ser liberados de las cárceles del país. El dirigente social de Tartagal se hizo eco de informaciones periodísticas que dieron cuenta que 1.400 presos, entre ellos los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, podrían ser liberados anticipadamente.

Si bien el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, negó la especie, Javier sostuvo: "Se trata de una idea que desde hace tiempo viene rondando en esferas gubernamentales y no es casual que se vuelva a hablar del tema". Expresó que le asusta que esto vaya a suceder porque fue un testigo clave en el juicio que se realizó entre 2011 y 2012 a los coroneles Luis Ángel Gaspar Zírpolo y Carlos Alberto Arias, quienes fueron condenados a perpetua por el caso Bustos. Este escribano está desaparecido desde el 2 de febrero de 1978 cuando un grupo armado lo secuestro de su domicilio, delante de su hijo de 16 años, en pleno centro la ciudad de Tartagal.

Contó que en horas de la madrugada de ese día vio la escena del secuestro de Bustos a unos 40 metros de distancia. "Yo trabajaba en el boliche Maracatú y regresaba a mi domicilio por la calle Rivadavia y vi cuando al escribano lo sacaban en calzoncillo y encapuchado de su casa", dijo. Y agregó: "Confirmé que era él porque horas mas tarde el hijo de Bustos denunció cómo lo habían secuestrado y coincidía con la hora exacta que yo había visto lo que pasó".

En el juicio, Javier reforzó su testimonio con datos precisos al señalar de qué manera reconoció a Arias. "Yo era barman en Maracatú y Arias concurría asiduamente al boliche, de manera tal que muchas veces le serví tragos cuando estaba con otros oficiales del regimiento. Además, el acceso a la casa del escribano estaba iluminado, y por eso pude ver claramente que ese señor formó parte del grupo que se lo llevó", remarcó.

Contó que hacía poco tiempo había arribado a Tartagal, procedente de Buenos Aires, donde estaba fichado como dirigente social. "Lamentablemente, cuando supe lo que había sucedido con Bustos no pude decir nada, porque si lo hacía era boleta", subrayó.

Dijo que sus antecedentes políticos y su condición de testigo lo ponían en una situación muy complicada. "Por eso recién pude hablar cuando se inició el juicio", señaló. Frente a lo expuesto, Cacho Javier sostuvo que "sería muy peligroso que los genocidas sean beneficiados con la libertad". En ese sentido, manifestó: "Temo por la integridad de mi familia y la mía, y seguramente en esa situación se encontrarán muchos testigos que declararon en los distintos juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron en todo el país".

A su criterio también sería peligroso que se tome una medida de esta magnitud cuando hay muchos juicios en marcha y otros en proceso. "Con esto lo único que se va a lograr es que ningún testigo se presente a declarar por temor a sufrir represalias", sentenció.

Lo que dijo el ministro de Justicia

El ministro Garavano descartó que el Gobierno nacional esté impulsando la libertad de condenados por crímenes de lesa humanidad. “Ese beneficio es una potestad del Poder Judicial”, expresó. Al mismo tiempo, señaló que el Servicio Penitenciario Federal “no puede llevar adelante esas liberaciones porque carece de facultades”.