En 2017 se detectaron 5.328 hechos de tortura o maltratos contra 1.408 víctimas en cárceles de todo el país, según el último informe publicado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), aunque su directora, Alcira Daroqui, dejó abierta la posibilidad de que la cifra sea mucho mayor: “Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más”.

La Procuración Penitenciaria, un organismo estatal autónomo del Poder Ejecutivo y Judicial, presentó el martes el Registro Nacional de Casos de Tortura que se elabora desde hace ocho años. La Procuración distingue 11 tipos de tortura: agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, aislamiento, malas condiciones de detención, falta o deficiente alimentación, amenazas, impedimentos de vinculación familiar, requisa persona vejatoria, robo o daño de pertenencias, y traslados gravosos o traslados constantes.

La evolución de la población encarcelada en Argentina aumenta desde 2013 de manera pronunciada, lo que conduce al hacinamiento de los presos y deteriora la calidad de vida en las cárceles. “En 2017 y 2018, la población ha crecido exponencialmente, fruto de una política de Estado que decide retener gente en la cárcel”, dijo la coordinadora de la investigación.

Durante el relevamiento que realizó en las prisiones federales, la PPN detectó que la ocurrencia de las agresiones físicas por parte del personal penitenciario disminuyó en relación a otros años, pero se incrementó la violencia entre los propios reclusos.

El Comité de la ONU contra la Tortura observó en abril de 2017 que la tortura era una “práctica recurrente” en nuestro país, “pero eso no ha impactado en políticas distintas en materia penitenciaria ni en el Gobierno nacional ni en el de la provincia de Buenos Aires”, observó Daroqui. En la provincia, “la violación de derechos humanos adentro de las cárceles es sistemática e impactante”, agregó, según informa diario Perfil.

En abril de este año, el Relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, dijo que “hay leyes y políticas públicas que probablemente lleven a incrementar la sobrepoblación carcelaria en la Argentina”. Ante un “estado de emergencia” que predomina en las cárceles de todo el territorio, el experto de la ONU confirmó que demasiados reclusos se encuentran bajo arresto en un sistema carcelario que está colapsado. Esa situación conduce a un deterioro “dramático” de las condiciones de detención, tanto en las cárceles federales y provinciales como en las comisarías.