Con mucha emoción el colectivo travesti-trans, organizaciones, políticos y figuras reconocidas celebraron la noticia. La ley estipula que el Estado deberá garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, cumplir con la obligación de “no discriminación” en el acceso al trabajo y también un incentivo económico para contrataciones en el sector privado.  

“Esto es un mecanismo positivo de reparación a tanto daño que nos ha ocasionado el Estado Argentino. El daño que se ha hecho cuando permitió las bajezas a nuestros cuerpos, dese la exclusión en las casas hasta los maltratos y travesticidios”, aseguró Victoria Liendro, responsable del Área de Diversidad Sexual de la Agencia de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno de Salta.

Más del 95% de la población travesti en Argentina estuvo sumida a la prostitución y eso se debe a la nula inclusión que existe y las pocas posibilidades de acceder tanto a la educación como a un trabajo formal.

“Esto es una bisagra, no vamos a tener el cupo para siempre. Las futuras generaciones no van a necesitarlo. Hay un grupo etario que no tuvo nada porque no pudo acceder a nada. No podían acceder ni siquiera a hacer cursos, no porque no querían, sino porque no podían. Nadie pasa lo que nosotras pasamos”, sostuvo Liendro.

Las personas travestis y trans sufrieron constantemente durante años el hostigamiento y la exclusión a la hora de buscar un trabajo, más allá del currículum que tengan. “Nuestra carta de presentación siempre fue nuestra identidad. Ni nos imaginemos de las personas trans que no pudieron terminar el secundario, directamente ni llegan a una entrevista laboral. Hay que seguir trabajando, pero el cupo es algo que viene a coronar un proceso que venimos trabajando hace tiempo”, comentó Victoria.