El Registro Nacional de Casos de Tortura, que lleva control desde 2010, detectó durante 2017 en el país a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios. Estas cifras son de base, se estima que los casos son muchos más.

El informe tiene 408 páginas, de las cuales varias están dedicadas a casos salteños; no precisamente todos son de 2017.

Después de visitar el Complejo Penitenciario Federal III, de General Güemes, esto figura en el expediente: “Todos los detenidos se manifiestan en el mismo sentido, siendo víctimas de agresiones físicas de distintos tipo durante una requisa desarrollada el día 15 de julio de 2013 en el Sector Funcional 3A - CPF III. Sin referirse un motivo previo, la requisa ingresa a las 7.40 hs. por la mañana, con entre 18 a 20 agentes para realizar el procedimiento, tocando un silbato y ordenando a los gritos a los detenidos que se ubiquen en la parte baja del pabellón. Según los relatos, el cuerpo de requisa entra gritando ‘gatos, todos a la esquina, apúrense gatos, ya, ya, ya’, habiendo gente que salió en ropa interior o sin camisa, semi desnudos. En el sector debajo de la escalera tiran cinco frazadas y ahí hacen la requisa personal que consiste en desnudarse y salir corriendo al patio a ‘toda velocidad’, lo cual para las personas de mayor edad representa un obstáculo. Frente a esta dificultad para correr rápido, los agentes de requisa reaccionan pegándoles con los palos y golpes de puño a cada uno de los detenidos, sumado a los empujones y malos tratos verbales durante la requisa personal. Luego, en el patio los empujan con los escudos contra el alambrado y en algunos casos reciben amenazas para no denunciar estos hechos” (sic).

En 2014, se realizó un informe respecto a los malos tratos y tortura a las mujeres en el ámbito federal. En esa ocasión visitaron una cárcel de Buenos Aires y el Complejo Penitenciario III, Instituto Correccional de Mujeres, en Güemes. Los investigadores hallaron a 49 víctimas de falta o deficiente alimentación, que para los investigadores es un mecanismo de tortura. “La comida era escasa, poco variada y en general sin cocción, en mal estado y con olor, con insectos y pelos”, señala el informe. Se añade que la comida, deficiente en calidad, les produjo a las mujeres convictas malestares gastrointestinales.

Se detalla que en la cárcel de Salta “varias detenidas manifestaron haber padecido situaciones de hambre, debido a que en la mayoría de los pabellones no cuentan ni con instalaciones ni utensilios para cocinarse y dependen totalmente de la comida del penal”.

En algunos casos les afectaba la salud (padeciendo diarreas, vómitos, malestar estomacal y dermatitis).

En el año 2015 se relevaron 187 víctimas de falta o deficiente alimentación, de las cuales 76 manifestaron encontrarse padeciendo hambre o haberlo padecido en algún momento durante los últimos dos meses.

Como parte del estudio temático en unidades de “mediana seguridad”, en 2016 se seleccionaron para el relevamiento anual del RNCT las cárceles ubicadas en las provincias de Salta y Jujuy: Unidad N° 22 “Cárcel Federal de Jujuy”, Unidad N° 8 “Instituto Penitenciario Federal Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Papaya”, Unidad N° 23 “Cárcel Federal de Salta”, Unidad N° 16 “Instituto Penitenciario Federal de Salta”. Los investigadores entrevistaron a un total de 56 víctimas de falta o deficiente alimentación.

En todas las unidades mencionadas la empresa encargada de la elaboración y distribución de la comida era SIAL S. A. (Servicios Integrales de Alimentación) la cual, según las personas entrevistadas en las 4 unidades, era deficiente en cantidad y calidad.

“La comida entregada era repetitiva y de bajo valor nutritivo, estaba en mal estado o deficientemente cocinada. Por otra parte, mencionaron que también era insuficiente en cantidad. Lo particularmente gravoso de la situación relevada en estas unidades era que la comida le producía a las personas detenidas dolencias de salud gastrointestinales –tales como acidez, vómitos y diarrea, y en casos extremos cálculos en la vesícula, hemorroides, vómitos de sangre– y dermatológicas –sarpullidos, granos, entre otros”, dice el informe y agrega: “ssto se conjugaba con la falta de asistencia médica en las unidades y en los hospitales extramuros de las provincias de Salta y Jujuy, tornando la situación verdaderamente vejatoria”.

La situación más gravosa y donde se recibió mayor cantidad de reclamos fue en Unidad 16 de Salta. Los detenidos no contaban con elementos para cocinar o calentar agua, lo cual les impedía complementar o suplir la comida por otra, limitándose a comer salchichas o fiambre durante periodos prolongados, afectando también su salud. Por último, los detenidos afirmaron que el agua se encontraba en mal estado y que no contaban con la posibilidad de hervirla, agravando sus problemas de salud.

El informe también destaca que hay una causa abierta justamente por la mala alimentación de los reclusos, en el norte argentino. Al momento de ingresar a la unidad, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), conjuntamente con la Fiscalía Federal N° 2 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria se encontraban realizando un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal N° 2, por una causa en la que se investigaban presuntas irregularidades en la provisión de alimentos a las personas privadas de la libertad. La causa investiga la ‘administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones’ por parte del Servicio Penitenciario Federal en las unidades del noroeste argentino, debido al ‘régimen de hambre’ al que se mantiene a los detenidos como resultado de la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A. La causa abarca hechos sucedidos desde el año 2012 a enero de 2016.