La de ayer fue una jornada bastante llamativa en hechos noticiosos relacionados con algunas de las hipótesis investigativas del asesinato de Darío Monges, crimen con rasgos mafiosos que desde el pasado 3 de septiembre tiene a la sociedad salteña expectante ante las actuaciones judiciales que el fiscal Rodrigo González Miralpeix mantiene bajo estricta reserva.

Según informó El Tribuno, por un lado, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal a través de la cual el fiscal penal 2 de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, investigará junto a su par oranense, Mariana Torres, a la cadena de funcionarios penitenciarios que intervino en la irregular visita que Monges realizó en el penal de Orán el pasado 1 de junio a Oscar Alberto Díaz, peligroso sicario que había sido capturado siete días antes en Bolivia, haciéndose pasar por abogado. Ante el jefe de la Unidad Carcelaria Nº 3, Cristian Rivero Urquiza, Monges se presentó como asesor comisionado por el entonces secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, para tratar con el recluso temas relacionados a su "posible traslado" a la cárcel de Salta y a "visitas de su madre".

Ante las dudas que despertó esa extraña visita, el jefe del penal se comunicó telefónicamente con la directora del Servicio Penitenciario, Carina del Valle Torres, y esta hizo lo propio con el director de Políticas Penales, Ángel Sarmiento, quien a su vez consultó a Cruz, por la misma vía, sobre el motivo que tenía su "asesor" para encontrarse con el recluso. Algunos minutos después, Sarmiento le comunicó a Torres que la visita estaba autorizada y la directora bajó la confirmación al jefe del penal.

Lo concreto es que el falso abogado logró estar 30 minutos tras los muros con Díaz y tres meses después fue encontrado con cinco tiros en la cabeza, dentro su camioneta estacionada en una calle del barrio El Círculo, en la zona sur de la capital salteña. Informado por Torres de la extraña visita el mismo 1 de junio, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, ordenó un sumario interno y dispuso pedidos de informes que esa misma tarde empezó a cursar la Inspección General del Servicio Penitenciario.

El 8 de junio, con una nota al procurador general, Cornejo pidió que se investigara la posible comisión de un delito de acción pública. Tras el crimen de Monges, la visita del falso abogado al peligroso sicario adquirió una especial significancia, al menos en el interés de los medios de prensa, que empezaron a buscar información bajo un hermetismo judicial absoluto. Solo trascendió de fuentes oficiales que la fiscal Torres era quien investigaba los hechos del 1 de junio.

Sin mayores novedades, y con todas las responsabilidades de aquella irregular visita cargadas sobre él, Sarmiento afirmó en los medios que fue el entonces secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, quien se desempeña actualmente como secretario de Gobierno en el Municipio capitalino, el superior que pidió que se autorice el ingreso de Monges al penal. Cruz nada aclaró públicamente al respecto en más de una semana.

En una entrevista con FM Aries, Sarmiento también precisó que Díaz fue indagado en la cárcel por un policía del Cuerpo de Investigaciones Fiscales al que comisionaron para tomarle una declaración intramuros sobre la visita de Monges. No es ciertamente usual, desde el retorno de la democracia, que se tome la declaración de un preso bajo tales condiciones, sino en sede judicial y con las debidas garantías. De todos modos, el fiscal Gonzalo Miralpeix no vio nada cuestionable en esa "diligencia investigativa", sino solo en el hecho, reprochable, de que Sarmiento haya deslizado en la entrevista radial el apellido del policía, además de revelar detalles de la visita de Monges a Díaz.

En vista de ello, González Miralpeix pidió al fiscal Pablo Paz que considere imputar a Sarmiento por la posible comisión del delito de estorbo al ejercicio de las funciones públicas. Además, le pidió a su par que evalúe otros cargos en su contra por considerarlo posible responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Mientras tanto, Sarmiento reiteró ayer públicamente que fue el exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, quien le solicitó a través de una llamada de whatsapp que arbitrara los medios para habilitar a Monges a ingresar a la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán, luego de que le comunicaran que se había presentado en ese penal aduciendo ser abogado y con una tarjeta de la Secretaría de Seguridad. "Cruz me pidió que gestione el ingreso de esta persona que iba a ingresar solamente para hacerle firmar un poder al interno Díaz", manifestó el funcionario en una entrevista con CNN Salta.

El director de Políticas Penales remarcó todo quedó asentado en los registros en base a los cuales el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, solicitó el 8 de junio al procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, que el Ministerio Público Fiscal investigara la posible comisión de un delito de acción pública.

Sarmiento hizo notar que Cruz entonces también le pidió habilitar a la madre del sicario a entrevistarse con su hijo fuera de horario permitido de visitas. "El secretario me envía un mensaje de texto el día 31 primero solicitando que gestione la autorización para el ingreso de la madre del interno Díaz, y ante esta solicitud se autoriza a la madre que ingrese", precisó, tras adelantar que hará una presentación espontánea para reiterar las pruebas que ya se habían acompañado en el informe interno de los primeros días de junio.

En este contexto, Sarmiento sostuvo que, si con la investigación promovida contra su persona, el fiscal Rodrigo González Miralpeix realmente pretende desentrañar si hubo algún tipo de connivencia entre aquella visita carcelaria y el brutal asesinato de Monges, celebra la inquietud. "Estamos a disposición de la Justicia para aportar todas las medidas probatorias que sean necesarias para que esto pueda servir para desentrañar efectivamente y conocer quién es el responsable de este atroz crimen", acotó el funcionario.

La Justicia Federal de Salta dictó ayer la falta de mérito para el sicario norteño Oscar Alberto Díaz, en un legajo penal que lo tenía implicado desde 2016 por narcotráfico. La resolución del juez federal 1, Julio Bavio, dejó al recluso, que actualmente está alojado en la unidad penitenciaria Nº 1 de Salta, provisionalmente apartado de uno de los cargos por los que la Interpol había requerido su captura internacional con circular roja.