Una pareja dueña de un prostíbulo donde más de diez mujeres eran explotadas sexualmente fue condenada por la Justicia federal.

El 9 de diciembre, el fiscal federal Eduardo Villalba había formalizado la acusación respecto de los acusados, detenidos en el marco de una investigación por el delito de trata de personas, que además tiene a otras tres mujeres imputadas.

El lunes, la fiscalía ratificó la acusación y posteriormente se arribó a un acuerdo pleno entre las partes que derivó en las condenas, la imposición de multas y "el decomiso de la vivienda que era utilizada como prostíbulo".

Mediante un juicio abreviado y a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Miguel Medina condenó a R. L. a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras su pareja deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional. Y se les impuso multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente.

El fiscal, conforme lo establece el artículo 23 del Código Penal (según la ley 26.842) y el 310 del Código Procesal Penal Federal, y la resolución PGN N§ 99/09 que instruye la solicitud -como medida cautelar- de la afectación del o los inmuebles donde se ejercieren actividades ilícitas, requirió al magistrado el decomiso del inmueble utilizado para la explotación, lo que fue concedido por el juez.

Se trata de una casa ubicada en la calle Astigueta 612, en la zona de El Bajo. Respecto al destino de esta vivienda, se evalúa la posibilidad de que quede bajo el ámbito de la Provincia, para ser utilizada como base de una dependencia policial.

Ayer El Tribuno se acercó a la zona y se pudo observar que seguía la oferta sexual de mujeres.

Villalba destacó el breve lapso en que se resolvió el caso, como así también el decomiso de la vivienda. "Estamos muy satisfechos, pues el nuevo Código continúa dando evidencias de su eficacia para resolver esta clase de conflictos. Además, con esta condena hemos podido dar respuestas concretas al compromiso internacional asumido por el Estado argentino en la lucha contra este delito trasnacional que atenta contra la dignidad de los seres humanos", indicó el fiscal al término del proceso.

La acusación

La investigación de la fiscalía se inició el 30 de octubre de 2019 e incluyó diversas tareas de inteligencia a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, como así también intervenciones telefónicas. Todo ello derivó en una serie de allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado, oportunidad en la que fueron detenidas tres mujeres y se secuestraron numerosos elementos de prueba.

Villalba también destacó la ayuda de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de las profesionales del Ministerio Público Fiscal que acompañaron al equipo de la fiscalía en los allanamientos realizados, ya que su tarea fue clave para brindarles asistencia psicológica a las víctimas.

Las diligencias posteriores llevaron a la fiscalía a avanzar contra los propietarios del prostíbulo, ahora decomisado. "La intención de esta fiscalía es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito", sostuvo.