La sentencia se dictó el pasado lunes en una audiencia de acuerdo pleno, solicitada por el fiscal general Eduardo Villalba, quien dirigió el proceso penal en un lapso de tres meses bajo el sistema acusatorio. Concluyó con la condena de los cuatro imputados, el decomiso de dinero, vehículos y una propiedad.
De esta manera, la investigación del caso, iniciada en el seno de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA en julio de 2019, concluyó en tiempo récord y de manera exitosa, pues se logró desbaratar una organización liderada por un conocido jefe narco que, desde su celda en el Complejo Penitenciario Federal III Noa, en General Güemes, dirigía la logística de un importante almacenamiento de marihuana en la ciudad de Orán, a más de 200 kilómetros de distancia.

La investigación, seguida de la detención y la tramitación del proceso penal en contra de los cuatro acusados, derivó en la condena de nueve años de prisión efectiva para Raúl Ricardo Rojas, el principal acusado, quien además deberá pagar una multa cercana al millón y medio de pesos como autor del delito almacenamiento de estupefaciente agravado por el número de participantes.

Su pareja, Sandra Romero, fue condenada a una pena de seis años de prisión también como coautora del mismo delito. En este caso, la fiscalía analizó la grave situación de enfermedad de la acusada, quien tiene un marcapaso por su afección cardíaca, y solicitó que se le otorgue un arresto domiciliario.

Emanuel Rodríguez, considerado también coautor del mismo delito, fue condenado a la pena de seis años de prisión efectiva, mientras que Hernán Condori recibió una pena de tres años de prisión condicional por la misma calificación, pero en calidad de partícipe secundario.

Previo a la sentencia, el juez de Garantías 2 Miguel Medina, tal como lo establece el Código Procesal Penal Federal -aplicado en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019- interrogó a los acusados a fin de verificar si entendieron los términos del acuerdo y si consentían el mismo, lo que fue ratificado por los propios imputados.

En seguida, Medina dictó la condena tal como fue presentada en el acuerdo celebrado por la fiscalía y las defensas de los acusados. La misma incluyó también el decomiso de una suma de 150 mil pesos, 26 mil dólares, un vehículo Volkswagen Gol Trend, un Chevrolet Prisma y dos motocicletas.

Como otro hecho inédito, y a pedido de la fiscalía, el juez también resolvió el decomiso de una vivienda propiedad de Rojas. La casa, utilizada para el almacenamiento de la droga, era mencionada por los acusados como “la iglesia”.

La condena de Rojas, en tanto, también cobró notoriedad superó el límite de 6 años establecido por el Código Procesal Penal Federal para los casos de acuerdo pleno, por lo que el caso sentó jurisprudencia en Salta por ser la primera aplicada bajo el sistema acusatorio.

La investigación

Al momento de presentar el acuerdo, el fiscal Villalba repasó cómo fue que la PROCUNAR NOA pudo dejar al descubierto el accionar de esta organización, siendo el disparador un informe de la policía de la provincia que daba cuenta de las actividades realizadas por Romero, pareja de Rojas, junto a otro sujeto sindicados como integrantes de una organización dedicada al narcotráfico en el norte de la provincia.

A partir de este reporte, el MPF junto a investigadores de la UNIPROJUD de Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria pudieron obtener el número de teléfono de Romero y del segundo sospechoso, con lo cual se inició una serie de intervenciones telefónicas que luego se extendieron a otros abonados surgidos de las conversaciones intervenidas.

Entre ellos, llamó la atención la conexión con Rojas, quien se encuentra alojado en el complejo penitenciario en la ciudad de General Güemes por el transporte de 80 kilos de cocaína. Asimismo, se estableció que Romero era su pareja y que el detenido tenía una propiedad en el barrio Aeroparque, en Orán. Según lo expuesto por Villalba, las escuchas telefónicas y toda la investigación realizada demostraron con claridad el acopio de sustancias estupefacientes en dicho domicilio, el cual era denominado como “la Iglesia” por los acusados, siendo Rojas el cabecilla de la organización.

En ese marco, se constató que Rojas dirigía la logística del acopio de droga en el domicilio de barrio Aeroparque, siendo los otros acusados sus brazos “ejecutores”, donde Romero ocupaba un mayor posicionamiento que el resto dada su relación con el interno.

El fiscal explicó que a raíz de la tarea de campo se pudo establecer que Rodríguez llegaba a la vivienda con distintos vehículos, entre ellos una camioneta Toyota, de la que descargaba distintas cantidades de estupefacientes. Esto pudo ser confirmado por los llamados de los acusados, pues el mismo Rodríguez, el 2 de diciembre, llamó a Rojas y le informó de otro embarque. “Llegaron los pantalones”, reportó, mientras su jefe interrogó por la marihuana, refiriéndose a la misma como “remeras floreadas”. “Si doscien… y 15 de lo otro”, fue la respuesta de Rodríguez.

Rojas, a su vez, recomendó a sus dirigidos que debía cuidar todo, pues tenía la sospecha de alguna intervención de alguna fuerza de seguridad, por lo que el 3 de diciembre, después de diez días de escuchas telefónicas que confirmaron la hipótesis criminal, Villalba señaló que se realizaron los allanamientos del caso. Así, se secuestraron 330 kilos de marihuana en “la iglesia”, como así también 11 kilos de cocaína, varias sumas de dinero, tanto en pesos como en dólares, como así también se efectuó la detención de los tres acusados que operaban dirigidos por Rojas.

Los roles

Villalba describió los roles de las personas ahora condenadas. Rojas tenía un control constante sobre Rodríguez, al que se referían como “curita”, debido a que era el encargado de la casa donde se acopiaba la droga. “Te pones a mirar bien toda la ropa”, le ordenó en un llamado, refiriéndose a la droga, mientras que en otro contacto le dijo que iba a cambiar los teléfono.

El celo del principal acusado, Rojas, estaba dirigido a evitar la pérdida de la droga que tenía almacenada, por la que proyectaba comercializar muy pronto. Una muestra de esos cuidados se advierte en un llamativo cartel hallado dentro de la casa allanada: “prohibido el uso de celulares en la Iglesia”.