Del decreto de imputación, surgió que los acusados formaban parte de un grupo delictivo con división de tareas para hacer incurrir en error a las víctimas, a quienes convencieron de realizar disposiciones patrimoniales. Para esto, los acusados utilizaron, en todos los casos, la misma línea telefónica para comunicarse con las víctimas. Luego vaciaron sus cuentas bancarias y solicitaron distintos préstamos de dinero, por lo que causaron un perjuicio económico de importancia a sus víctimas.

Para las disposiciones patrimoniales que obtuvieron mediante los engaños, los imputados aparentaron -en algunos casos-, que llamaban para realizar un giro de dinero para un familiar enfermo; mientras que en otros, les hicieron creer que ganaron un premio y expresaron mentidamente a los damnificados que, para poder recibirlo, debían ingresar sus datos en el cajero automático, con lo que burlaron la buena fe de las víctimas.

Tras diversas tareas investigativas, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento en los domicilios de los acusados, medida con la que se logró el secuestro de diversos elementos probatorios como celulares, chips tarjetas de memoria, documentación varia y dinero en efectivo, además de concretar la detención de los imputados.