Caños de 24 pulgadas con tierra colorada, la misma que hay en Campo Durán. Esa era la carga que en horas de la noche del pasado 20 de enero llevaba un gran camión que transitaba por la ruta nacional 34 en sentido norte-sur, a la altura de la localidad jujeña de San Pedro de Jujuy.

La carga le llamó la atención a un funcionario del Gobierno de la Provincia que se dirigía desde la ciudad capital hacia Tartagal para pasar hacia el Chaco salteño dentro del operativo sanitario que lleva adelante el Gobierno provincial.

Para Adrián Zigarán, secretario de Participación Ciudadana, el detalle, al menos en ese momento no pasó a mayores.

Dos semanas después, también en horas de la noche, el mismo Zigarán volvió a cruzarse en la ruta con otro camión con idéntica carga.

El conocimiento que el funcionario tiene de la zona norte de San Martín lo hizo sospechar de que el hecho de cruzarse con camiones cargados de caños industriales de 24 pulgadas cubiertos de tierra colorada -propia de la zona de Campo Durán- no era normal.

No estaba equivocado, hoy el fiscal federal José Luis Bruno investiga el robo de unos 35 kilómetros de caños del gasoducto que dejó a medio construir la empresa Vertúa y que corresponde a la cabecera norte del GNEA, el tan promocionado Gasoducto del NEA. El daño patrimonial a las arcas nacionales supera los 3 millones y medio de dólares, unos 300 millones de pesos argentinos.

Los camiones con los que Zigarán se cruzaba en la ruta estaban transportando -en decenas de viajes- los 35 kilómetros de gasoducto que corresponden a la jurisdicción del municipio de Aguaray del GNEA, un tramo de un gasoducto de alta presión que habría de transportar el gas que proviene de la cuenca del NOA y de los pozos productores del sur de Bolivia con destino final a Formosa, Corrientes y Misiones. En esas provincias la obra está concluída y comenzó a ser operada por TGN, la Transportadora de Gas del Norte, que también opera el gasoducto Campo Durán - Montecristo.

Perjuicio millonario

Adrián Zigarán recordó: "Cuando me crucé con el segundo camión, y como me considero un conocedor del norte -durante la gestión Urtubey le tocó la difícil tarea de negociar con los grupos piqueteros que asuelan todo el departamento San Martín- le tomé fotos y al llegar a la ciudad de Salta lo puse en conocimiento de la situación al ministro de Seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro". Al tratarse de una obra ejecutada con recursos de la Nación y concesionada a una empresa privada, Zigarán se comunicó con Raúl Vertúa, propietario de la empresa que se había adjudicado la instalación de la cabecera norte del GNEA.

La empresa Vertúa, más allá de que la obra quedó literalmente abandonada y está en un litigio con la ex-Enarsa, es la adjudicataria de la obra; pero los caños del gasoducto son propiedad del Estado nacional. En forma inmediata el apoderado legal de Vertúa formalizó la denuncia penal en el fuero federal, por eso la investigación la lleva adelante el fiscal José Luis Bruno.

Tan importante sigue siendo la cabecera norte del GNEA -cuyos caños ahora están en otra provincia y al parecer en manos de gente oriunda de Aguaray- que los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz y Gildo Insfrán de Formosa tienen previsto reunirse para pedirle al ministro de Infraestructura de la Nación que se retome la construcción del GNEA para llevar la provisión de gas a las provincias de esa región y para propiciar la generación de puestos de trabajo en el departamento San Martín.

Resolución municipal insólita

Pero al avanzarse con la investigación lo que la Justicia Federal determinó al recibir los informes de la Gendarmería Nacional es que los responsables de la carga de los camiones que transportaban los caños de 24 pulgadas transitando por la ruta nacional 34 -chofer y ayudante- presentaban en los puestos de control que la fuerza federal tiene en los diferentes puntos de vigilancia de las rutas nacionales una resolución firmada por el intendente de la localidad de Aguaray, Enrique Prado quien increíblemente autorizaba el retiro y posterior transporte de los caños del GNEA.

La resolución municipal a la que tuvo acceso El Tribuno establece que "en uso de las facultades que le son propias conferidas por la Carta Orgánica Municipal, el ejecutivo autoriza a la empresa OSYP SA, representada por el señor Diego Andrés Alos N´ de CUIT 30-71626416-1 al desarme, traslado y remediación de terrenos contaminados". En los considerandos establece que "se hace lugar a la desafectación de cañerías en desuso de petróleos y gasoductos que ostentan el carácter de material contaminante y pasivos industriales".

Enrique Prado autorizaba

La justicia puede rastrear los caños porque están identificados con inscripciones de serie y número. 
Los transportistas pasaban por los controles de la Policía Federal caminera con una resolución firmada por el intendente de la localidad de Aguaray, Enrique Prado, quien increíblemente autorizaba el retiro y posterior transporte de los caños del GNEA.
Los 2.500 caños extraídos se encontraban debajo de la superficie, ya colocados, conformando el primer tramo del gasoducto del GNEA a lo largo de unos 35 kilómetros entre el paraje Campo Durán hasta el límite con el municipio de Tartagal. Para su extracción se utilizaron grúas y maquinaria pesada. 
Cada uno de los caños extraídos ilegalmente tiene un costo de 1.500 dólares, ya que se trata de instalaciones industriales de 24 pulgadas diseñadas para soportar grandes presiones y deben cumplir con todas las reglas y estándares internacionales de seguridad. La obra era ejecutada por la empresa Vertúa, que se encuentra en litigio en los tribunales federales.