En solo doce meses, tres graves denuncias tuvieron como protagonistas a profesionales de la Salud de Salta y en algunos casos la Justicia los investiga por supuestas estafas millonarias.
El primero de ellos ocurrió en marzo de 2017, cuando LA GACETA reveló una presunta estafa millonaria que tenía como principal perjudicado al Pami de Salta. Según una investigación de la Justicia Federal, un grupo integrado por dos médicos y cuatro bioquímicos locales habrían emitido órdenes y estudios médicos truchos para facturarle a la obra social de los jubilados un monto cercano a los $3 millones.
El día de la publicación de la noticia, la fiscalía a cargo de Ricardo Toranzos ordenó allanamientos en los consultorios de los profesionales para secuestrar material comprobatorio del delito de “defraudación a la administración pública” y horas después imputó a los sospechosos.
Dicho caso trascendió los límites provinciales y tuvo que intervenir la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI-PAMI), conformada por un grupo de investigadores que arribó a la ciudad para tomar cartas en el asunto con una misión determinada: establecer qué clase de pericias se requerían y quiénes debían ser los peritos médicos que analizarían la documentación secuestrada.
Por el hecho no hubo ningún detenido y a principios de este año se confirmaron los procesamientos contra cuatro de los cinco profesionales investigados. La Justicia Federal dictó la falta de méritos sobre uno de los médicos y les trabó un embargo sobre sus bienes de $100.000 a los procesados.
n agosto de 2017 otro escándalo volvió a sacudir el ámbito médico de Salta cuando 15 clínicas fueron multadas por sobreprecios en sus servicios.
Las multas de dichos centros estuvieron impulsadas por la Secretaría de Comercio de la Nación, que apuntó también contra la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta (ACLISASA). En total, las multas llegaron a $22.768.860.
La investigación que impulsó la Secretaría de Defensa de la Competencia acusó a las clínicas de realizar un acuerdo de precios para cobrar de más a las administradoras de fondos para la salud (obras sociales, mutuales y demás entidades) y empresas de medicina prepaga durante el período comprendido entre diciembre de 2011 y diciembre de 2013, inclusive.
Sin embargo, dos días después de conocerse las millonarias multas, ACLISASA apeló el fallo de la Cámara de Comercio de la Nación. Según la entidad, "la excepción al depósito del pago previo de la multa, atento a que ello afectaría irreparablemente la situación económica-financiera de las clínicas". Finalmente en octubre de ese año, se hizo lugar a la apelacion y el pago de las multas quedó en suspenso.
El último caso de estafas por profesionales de la salud se conoció hoy y en esta ocasión las investigaciones radican en dos clínicas de Orán que habrían estafado al Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS).
Por estas horas, la obra social está investigando a la clínica Mayo y al Sanatorio Güemes de dicha localidad del norte salteño, sospechadas de haber cometido falsificación de documentación, estafa y defraudación al IPS.
Según pudo conocer LA GACETA, la investigación surgió a raíz de la denuncia de una empleada del Instituto Provincial de Salud de Salta quien desconoció haber estado sido operada en una clínica de esta ciudad.
Fuente: La Gaceta
