Luego de conocerse la denuncia por presunta “Defraudación” que el Pami realizó ante la Justicia Federal salteña y de los allanamientos que se realizaron en los consultorios, la titular de la obras social de los jubilados, Gladys Moisés, confirmó que los profesionales se encuentran suspendidos por la obra social de la tercera edad. Aseguró que el organismo se encuentra realizando auditorías y destacó la decisión de ir a la Justicia federal.  

Por el hecho, los médicos Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada, y los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros quedaron imputados.

En diálogo con LA GACETA, Moisés indicó que las denuncias la tomaron por sorpresa y automáticamente se tomó la decisión de ir a la justicia.

“Venimos trabajando con las auditorías que podemos hacer, pese a tener poco personal.  Estamos auditando distintas prestaciones. Esto no cambió el modo de trabajar de esta gestión, porque queremos tener un Pami transparente, para que los afiliados sientan que su salud y su dinero son respetados”, dijo.

Consultada acerca de si era posible que alguien del organismo pudiera haber filtrado información a los profesionales, la directora del Pami aseguró que “por ahora” no hay ningún empleado del Pami que esté implicado en el caso. “El fiscal realizó medidas probatorias por pedido nuestro, cuando radicamos la denuncia le pedimos algunas pruebas. Por ahora no hay nada”, explicó.  

La titular del organismo dijo que “es posible que haya más personas involucradas en este caso y más dinero en juego. Nosotros queremos ir a fondo porque queremos recuperar y preservar el dinero de nuestros jubilados. Estas cosas no pueden ocurrir más”.

Por otro lado, Moisés informó que el fiscal que entiende en la causa por presunta “Defraudación”, Ricardo Toranzos, “nos pidió datos sobre las remuneraciones que se les hacía a los médicos de cabecera y a los bioquímicos. Nosotros elevamos este pedido a nivel central que es el lugar en donde nos van a aportar lo solicitado”.      

La titular de Pami reconoció que el organismo que dirige no tiene un profesional específico para realizar las auditorías. “No tenemos una persona asignada específicamente para hacer esa tarea. Todo se hace desde el nivel central. Acá estamos haciendo auditorías con médicos, con abogados de las prestaciones que dependen de nosotros”, sostuvo.  

En ese sentido, dijo que pidió que el nivel central “nos mande gente para capacitar a nuestro personal o a alguien específico para esa tarea. Es fundamental el control para evitar este tipo de situaciones”.   

Y agregó: “Tenemos muchas responsabilidades en unas cosas, pero no tenemos competencia en otras. Lo que está bajo nuestra responsabilidad, estamos haciendo todo”. 

La Gaceta