Las actuaciones del fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, iniciaron tras la denuncia radicada el 21 abril por un jubilado de Vialidad de la Provincia, en la que indicó que el 7 de enero pasado, le acreditaron la cantidad de $630 mil correspondiente a un juicio de reparación histórica y que el dinero fue gestionado mediante un abogado, a quien contactó mediante la Asociación de Jubilados de la Provincia.

Sostuvo que tomó conocimiento por la acusada, -con quien tenía una relación de amistad-, que el abogado se comunicó con ella vía telefónica para manifestarle que el depósito del dinero estaba listo, por lo que al día siguiente el denunciante asistió junto a la imputada a una entidad bancaria, con el fin de retirar el dinero por ventanilla.

El denunciante sostuvo que tras firmar la entrega, la acusada colocó el dinero en su cartera y que luego se dirigieron al domicilio de la mujer.
Allí, la acusada le entregó parte del dinero que el denunciante no contó en el momento, aunque calculó que fueron aproximadamente $250 mil. En tanto, la mujer se quedó con los $380 mil restantes, y dijo que de ese monto, pagaría los honorarios del abogado para luego depositar el resto en su cuenta bancaria personal.

En su denuncia, el damnificado hizo notar que desde esa fecha, nunca más pudo ponerse en contacto con la imputada, por lo que pidió que se tomaran las medidas legales correspondientes e hizo hincapié en que la acusada se aprovechó de su edad y de sus problemas auditivos y visuales para concretar la sustracción del dinero.

Por último, el denunciante sostuvo que conoce a la acusada desde hace 10 años, por lo que le tenía confianza e incluso le ayudó a realizar trámites personales, pues en ANSES figura como su apoderada.

Un allanamiento realizado en el domicilio de la acusada, permitió el secuestro de $380.000 en efectivo, distintas tarjetas y documentación a nombre del denunciante.

En sus fundamentos, el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, sostuvo que la valoración inicial se funda en la necesidad de investigar la existencia del hecho, la autoría de la imputada y su calificación legal, que en principio se encuentra provisionalmente comprobada tras las actuaciones llevadas a cabo.