El próximo domingo se cumplirán tres meses del brutal asesinato de María Leonor Giné (70), ocurrido en el interior de su departamento ubicado en la calle Belgrano al 900 de esta capital. El martes pasado el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, a cargo de la doctora María Edith Rodríguez, resolvió beneficiar a una de las tres personas imputadas en el hecho. Se trata de Rocío Tania Aguirre, quien seguirá detenida pero en su casa, medida que indignó y molestó mucho a la familia Giné porque entiende que se trata de una "enorme injusticia".
Hasta el momento la imputación que mantiene la fiscal de la causa, Ana Inés Salinas Odorisio, en contra de los imputados es la siguiente: Agustín Morales (nieto de la víctima) está acusado de ser el autor del delito de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía, violar las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia en concurso real, violencia de género y crimins causae.
Federico Detzel, acusado de ser coautor de los delitos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género en concurso real con la violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia. Y Rocío Tania Aguirre, por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, crimins causae y violación de medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia en concurso real.
A medida que fue pasando el tiempo y la investigación sumó elementos a la causa, la situación de los tres acusados se fue agravando. En ese sentido, la familia de la víctima representada por el abogado Marcos Luis Gorriti -querellante- considera que el beneficio otorgado a la joven trans carece de fundamentos y es excesivo. Desde el entorno de Giné manifestaron que el fallo de la doctora Rodríguez alude a que a Aguirre, "por ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual", le corresponde el arresto domiciliario, dicha "excusa le permite un beneficio excesivo cuando bien podría ser tratada por médicos del Poder Judicial o lo que la magistrada indique", expresaron desde el entorno familiar.
Por otra parte, los familiares de la señora Giné observan que la imputada también está acusada de haber incumplido el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno nacional. "¿Qué garantías hay de que la sindicada del grave delito cumplirá con el arresto domiciliario y no evadirá el accionar de la Justicia?". Son algunos de los interrogantes que se plantean.
Aún sensibles por el espeluznate crimen perpetrado contra Leonor Giné el 28 de marzo en pleno centro salteño, la familia de la víctima tampoco entiende la decisión de la fiscal Odorisio de conceder el beneficio a la imputada cuando durante la etapa instructiva todavía hay medidas pendientes como "el informe de la junta médica, psicológicos y psiquiátricos, estudios genéticos e informes del Gabinete de Dactiloscopia", entre otros. Además, encuentran contradictoria la decisión de mantener una acusación tan grave en contra de Aguirre y por otro lado hacer lugar al beneficio de la domiciliaria.
.A cargo de su novio y hermana
De acuerdo con lo resuelto por la jueza, el arresto domiciliario de Aguirre es morigerado por “simples cauciones personales de su pareja y su hermana”, en el domicilio del primero. La defensa insiste en que la participación de Aguirre en el hecho no es el que marca la fiscal y hace hincapié en el estado de salud de su defendida remarcando que desde su detención, el 29 de marzo, no recibió la atención sanitaria necesaria. Lo que tampoco convence a la familia damnificada, “se trata de diligencias que podrían quedar en manos del Estado provincial” pero sobre todo teniendo en cuenta que la imputada a pesar de tener una “enfermedad
de transmisión sexual” siguió trabajando.
