Este mediodía, en una audiencia celebrada en los tribunales federales, el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, solicitó que la justicia de ese fuero asuma la investigación por el crimen de Darío Esteban Monges, hallado muerto de 5 balazos el 3 de septiembre pasado, en inmediaciones del barrio El Círculo.

Para ello, expuso una serie de argumentos, tanto jurídicos como fácticos que ameritan la intervención de esa unidad especializada. Entre ellos, dijo que, efectivamente, las investigaciones iniciadas por la justicia provincial en torno al asesinato, en algún punto, se unen con otras pesquisas que se llevan adelante desde la PROCUNAR NOA.

Señaló que la hipótesis criminal vinculada a actividades del narcotráfico, establecida por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y compartida por la jueza de Garantías N°6, Sandra Espeche, aparece acertada en esta etapa del proceso. “Es imposible investigar este caso sin tener presente el accionar de determinadas organizaciones narco criminales”, afirmó al diario El Tribuno.

“Si bien, no se puede descartar ninguna hipótesis, la del narcotráfico surge como la más probable”, agregó y señaló que, para una investigación más eficaz, será importante contar también con las actuaciones iniciadas por ciertas irregularidades que se habrían cometido a raíz de la visita de Monges a un recluso, en la unidad carcelaria de Orán, del Servicio Penitenciario provincial.

Recordó que, prácticamente desde un inicio, se trabajó de manera conjunta con la fiscalía provincial, decisión adoptada en el marco del principio de cooperación, contemplado y promovido por el Código Procesal Penal Federal.

Resaltó la concepción de excepcional del fuero federal, condición establecida, casualmente, para asumir esta clase de hechos. Respaldó este argumento no sólo en jurisprudencia reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también en otro antecedente local, resuelto por la misma jueza.

Se trata de la resolución de aceptación de competencia dictada por Giménez, a instancia del mismo fiscal Villalba, en el marco de la muerte de Rosana López, cuyo cadáver fue hallado en la ruta 26, el 21 de junio pasado en la zona este de la ciudad, siendo la causa del deceso el estallido de cápsulas de cocaína que transportaba dentro de su cuerpo.

Al resolver, la jueza compartió los argumentos del fiscal general y aceptó la competencia de la justicia federal para entender en el esclarecimiento de la muerte de Monges, hecho que también consideró de extrema gravedad y, a prima facie, con un fuerte vínculo con el narcotráfico.

En ese sentido, la magistrada, entre otros fundamentos, sostuvo que “declinar la competencia significaría renunciar a la responsabilidad internacional que el Estado Argentino asumió de investigar el narcotráfico y el crimen organizado”.

Resuelta la competencia, la jueza identificó a los tres acusados detenidos por este hecho, Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago. En seguida, la fiscalía procedió a formalizar la imputación penal provisoria, instancia en que se refirió a los entretelones del caso y a las pruebas reunidas.

Acompañado por el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, Villalba repasó los últimos movimientos de Monges, actividad de la cual destacó su constante visitas al taller de motos de los Bejarano, en inmediaciones de la avenida Constitución Nacional y Vicente López, en el barrio Vicente Solá.

Sostuvo que, desde un inicio, la investigación partió de la base en la cual la víctima y los acusados compartían actividades en la tenencia y comercialización de estupefacientes, negocio del cual -según algunos mensajes que se pudieron obtener- surgieron ciertas diferencias, lo que aparece evidenciado de manera directa respecto a un “faltante” de marihuana, en un cargamento que, al parecer, provino del norte de la provincia.

Agregó que la sospecha hacia los Bejarano creció aún más cuando, al ser consultados respecto al paradero de Monges, negaron haberlo visto días antes del deceso y hasta afirmaron que hacía dos meses que no sabían nada del mismo.

Para echar por tierra la coartada de los acusados, el fiscal expuso una serie de pruebas obtenidas en base a un prolijo trabajo de inteligencia y de campo, el que permitió, con cámaras de video cercana al taller, precisar que “minutos antes de ese fatídico viaje a barrio El Círculo, el 1 de septiembre pasado, Monges estuvo en el taller de los Bejarano”.

En base a ello, la fiscalía imputó a Bejarano y sus dos hijos el delito de homicidio agravado por ser cometido con alevosía y el uso de arma de fuego, en concurso real con el de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Como botón de muestra, recordó que, en los distintos allanamientos realizados en torno a este crimen, se logró secuestrar envoltorios con marihuana en la pieza de uno de los hijos de Bejarano, lo que evidencia que la droga era común denominador en la vida de los acusados, aunque dejó abierta la puerta a que las actividades estén ligadas también al tráfico de cocaína.

Dada la gravedad del caso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres imputados, lo que fue fundado en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, como así también en el hecho de que la escala penal prevista para los delitos imputados, impiden avizorar una condena de ejecución condicional.

La defensa, por su parte, coincidió con la fiscalía respecto a la competencia e incluso con el traslado al fuero federal del expediente vinculado a lo sucedido cuando Monges visitó a un convicto relacionado a actividades de sicariato. Tildó el caso como un “ajuste de cuentas” y de “tintes mafiosos”.

Aunque sostuvo que la acusación era débil, la defensa, a cargo del abogado Néstor Holver Martínez, convalidó también el pedido de prisión preventiva de sus clientes, quienes, por gestiones de la fiscalía, fueron trasladados de la Alcaidía Judicial.

Ante la falta de controversia, la jueza dictó la prisión preventiva en los términos requeridos por la fiscalía, como así también autorizó una serie de pericias y otras medidas investigativas pendientes, tras lo cual se dio por cerrada la audiencia.