El gobernador Gustavo Sáenz recibió a Eduardo Villalba, fiscal de distrito y titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, Mariana Gamba Cremaschi, fiscal auxiliar y Julián Aguirre, prosecretario de PROCUNAR, con quienes profundizó en el traspaso de bienes secuestrados en casos federales a la Provincia.
Según la información que comparte Nuevo Diario de Salta, en el encuentro los funcionarios judiciales expusieron los beneficios de la implementación del Código Procesal Penal Federal que adopta el sistema acusatorio y entró en vigor en las provincias de Salta y Jujuy, el pasado 10 de junio.
Además destacaron la modernización de los mecanismos de investigación penal de los delitos federales, como así resaltaron la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado.
Cabe destacar que el sistema acusatorio que instaura el nuevo Código se caracteriza por una distinción de tareas, que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.
El Código Procesal Penal Federal
En el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, el mandatario de la provincia resaltó que, a partir de esta nueva ley, se potenció la lucha contra el narcotráfico para desarticular grandes organizaciones narcos.
Un tema puntual que se trató fue agilidad que el sistema brinda al trámite de los procesos, y la cantidad de bienes secuestrados en causas que aproximadamente en 3 meses logran, ante una sentencia condenatoria, ser decomisados.
En este sentido, adelantó que la Fiscalía de distrito de Salta y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, se reunirán para coordinar los mecanismos para que los bienes decomisados en causas federales puedan ser puestos a disposición de organismos públicos provinciales.
En la oportunidad, no pasó por alto la reciente condena del ex cónsul de Bolivia, Diego Vega Ibarra, quien fue condenado en un lapso de 20 días, entre la primera audiencia y la clausura del proceso penal. Un logro que se alcanzó a partir de las herramientas y otros recursos contemplados en el nuevo Código Procesal Penal Federal.
