Tenía que pagar los servicios, no quería que le corten la luz. Se subió a su moto, se puso el barbijo y salió. A pocas cuadras, en un control policial, tres efectivas la hicieron bajar del vehículo a la fuerza, la subieron a un móvil policial, la golpearon a los puñetazos en la cabeza y cachetearon sus mejillas y boca.

Ella denunció el maltrato. Claro que lo hizo luego del circuito que debió hacer con las policías. La llevaron al hospital de Orán, donde la registraron, pero no fue atendida. Enseguida la trasladaron a un consultorio privado donde bajaron las efectivas del vehículo, pero no la denunciante. Más tarde, durante el trayecto hasta la Comisaría 20, la insultaron, se burlaron y le siguieron pegando en la cara. En la seccional, y luego de tomar sus datos y “marcarle los dedos”, le negaron agua y la posibilidad de ir al baño, según la denuncia.

Cuando le dijeron que podía retirarse, una tía, que la esperaba, vio el estado de la víctima y quiso denunciar el accionar policial. En la comisaría le dijeron que debía esperar el cambio de guardia. Cuando finalmente radica la denuncia, los efectivos le dijeron a la tía de la víctima que debía ser demorada por tomar fotos de un vehículo policial.

La policía la amenazó con “armarle una causa penal” y le negó información sobre el destino de la motocicleta y las actuaciones iniciadas en su contra. Esto también consta en la denuncia.

Ahora la Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de Orán en feria, Daniel Murúa y el interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, investiga las denuncias vinculadas con este accionar policial el pasado 16 de abril.

Mientras, el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales confirmó las  lesiones en la mujer que quiso ir a pagar sus cuentas, el día que le correspondía, de acuerdo a la terminación de su DNI, establecido por las autoridades en este contexto de cuarentena por la pandemia.