Cuatro de los cinco policías involucrados en distintos delitos cometidos en la localidad de Apolinario Saravia, pertenecientes a la subcomisaría El Dorado, recibieron otro revés por parte de la Justicia local. El juez de Garantías 1 de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán, dictó la prisión preventiva para el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní -quien se desempeñaba como jefe de la dependencia policial-, el cabo Juan Francisco Giménez -subjefe-, el sargento Sergio Argañaraz y la sargento Julia Díaz, que seguirá con arresto domiciliario. En tanto, el cabo Franco Matías Vizgarra obtuvo la libertad luego de que el juez entendiera que las acusaciones vertidas por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, no tienen el peso probatorio suficiente.

El comisario Mamaní, detenido en la división Caballería de esta capital, está acusado de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real por el hecho ocurrido el 28 de junio pasado a las 4 de la madrugada, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica también en concurso real por el hecho ocurrido el 2 de julio pasado en horas de la tarde, ambos sucesos en perjuicio del joven Luciano Diez.

 Los otros tres efectivos, Giménez, Argañarz y Díaz, están acusados por los mismos delitos vinculados al primer hecho, ocurrido en la madrugada del 28 de junio, cerca de las 4. Aquella noche, según denunció Luciano Diez, los efectivos, además de realizar al menos cuatro tiros al aire tratando de amedrentar al joven, fueron hasta su domicilio -de la madre- desde donde lo sacaron y lo privaron de su libertad durate al menos siete horas. El denunciante apuntó que fue objeto de vejaciones en el interior de la celda, además de distintas humillaciones.

Instrucción con “vicios”

A raíz de yerros que habría notado el juez anteño en la instrucción, algunas de las medidas que Simesen de Bielke había solicitado fueron desestimadas o, en el mejor de los casos, deberán ser revisadas en el marco legal que corresponda.

Uno de los expedientes tiene que ver con las escuchas que vinculan al comisario Mamaní con el auxiliar fiscal de J. V. González, delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, donde para la investigadora queda de manifiesto que su colega interfirió en la causa en pos de beneficiar al comisario imputado. Sin embargo, el juez consideró que Simesen no respetó los protocolos a la hora de levantar las pruebas o llevar a cabo las pericias de los teléfonos celulares sin la presencia de las partes.

En ese sentido, Sebastián Guzmán consideró dichos actos procesales “nulos de nulidad absoluta” dado que la fiscal de Derechos Humanos no acudió a la autorización judicial debida para llevar a cabo la inspección ocular en los celulares de los funcionarios judiciales, con lo cual, dicha acción estaría afectando el debido proceso en aras de llegar a la verdad.

Otras de las pruebas que por el momento no serían tenidas en cuenta son los cuatro cartuchos que se habrían encontrado en la avenida 9 de Julio donde el o los policías efectuaron disparos, y los videos presentados por la querella por considerar que no fueron recolectados, preservados y acondicionados de la forma necesaria y bajo los protocolos que así lo indica el Ministerio Público Fiscal. De todas maneras, se mantendrán en calidad de secuestrados los objetos señalados que serán peritados con el marco legal correspondiente.

Por último, el juez de Garantías de J. V. González corrió vista a la Fiscalía de Derechos Humanos por la posible comisión del delito respecto de las declaraciones testimoniales de dos de los amigos de Diez: Ramiro Baltazar Serrano y Diego Jacinto Figueroa Orquera, y las declaraciones de su madre: Iris Waildelich. En ambos casos, tanto los amigos del denunciante como su madre, cambiaron sus testimonios.

Los primeros dijeron que la noche del 28 de junio habían estado jugando a la play hasta las 4 en la casa de Diez y cerca de las 4 fueron a dejar a uno de los amigos -Cisneros-. Luego, cambiaron sus declaraciones señalando que habían estado en una fiesta. Mientras que la señora Waildelich habría modificado sus testimonio en pos de involucrar a un efectivo.