En las cárceles de Salta, uno de cada cuatro presos tiene causas o condenas por abusos sexuales. El secretario de Políticas Penales de Salta, Pablo Alavila, remarcó que los delitos contra la integridad sexual "aumentaron considerablemente".

Aunque no es el principal motivo por el que una persona termina encarcelada, los números que maneja el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEPP) y la Provincia, ponen luces rojas sobre los abusos sexuales en la sociedad. En los últimos días, por caso, se destaparon casos de sacerdotes de la Iglesia Católica salteña.

Un informe del SNEPP, con datos de 2017, precisa que la población carcelaria en los unidades provinciales y alcaidías ascendía a 2962. Este año, con un hacinamiento extremo, los presos suman más de 3.250.

El año pasado los delitos comunes cometidos por los presos fueron: contra la propiedad (824), las personas (769) y la integridad sexual (762). Más abajo aparecen los delitos vinculados a las drogas (399), contra la libertad (125), la administración pública (43) y la seguridad pública (12).

En marzo se abrió en Salta, bajo la órbita del Ministerio Público, un banco de datos genéticos, donde se toman muestras a condenados por homicidios, lesiones y abusos sexuales. Ya hubo 225 solicitudes de los jueces y el 69% corresponde a delitos contra la integridad sexual.

Sobre la cantidad de abusadores, Alavila sostuvo: "Seguramente tiene que ver con un fenómeno de visibilización de esta problemática. Muchas más personas se animaron a denunciar este delito y en ese sentido yo creo que la persecución por parte del Ministerio Público y Poder Judicial ha permitido mayor cantidad de personas detenidas, lo cual ha engrosado la estadística".

Bajo nivel de instrucción

En un análisis social que hizo el SNEPP con los datos de la población carcelaria en Salta, se confirma que la delincuencia avanzó sobre los jóvenes. El 38% de los presos tiene de 25 a 34 años. A eso se añade que el 17% tiene entre 21 a 24 años. Otro 22%, en tanto, tiene de 35 a 44 años. El 95% de los presos son hombres y el 5% mujeres.

Con respecto al nivel de instrucción, el 35% de los presos tienen primario completo, mientras que el 29% no finalizaron el secundario.

En tanto, un 19% no concluyó la primaria y un 11% se egresó del secundario. Son muy pocos los que finalizaron estudios terciarios o universitarios.

Con relación a la situación laboral al momento del ingreso, se estableció que más de la mitad de los presos, un 52%, es decir, unos 1.538 eran trabajadores de tiempo parcial y un 27%, es decir 800 reos eran trabajadores de tiempo completo. El resto de la población, es decir, 624 presos que representan el 24%, eran desocupados.

La capacitación laboral es escasa. El 70% de los presos, o sea, 2.087 no tenían un oficio, ni profesión, un porcentaje menor: el 27%, es decir, 788 presos tenían algún oficio y solo el 3%, equivalente a 87 presos tenía una profesión.

Al ser consultado por las causas del bajo nivel de instrucción y formación con la que ingresan los presos a las cárceles, Alavila sostuvo que "responder a eso requiere de un análisis mucho más profundo tanto social hasta sociológico".

"En su momento habíamos expresado que tiene una relación con las posibilidades que tienen estas personas fuera del penal. El bajo nivel de formación los lleva equivocadamente a incursionar en el delito", añadió el funcionario provincial.

Trabajo remunerado

Un 69% de los presos no posee trabajo remunerado, un 26% tiene uno de hasta 20 horas semanales.

El 96% de los internos no participó de ningún programa de capacitación laboral. Solo lo hizo un 4%.

Con respecto a los programas educativos dentro de la cárcel, un 80,6% no participó de ninguno. Un 8,6% se anotó en la primaria EGB 1 y 2, mientras que un 6,9% ingresó a la secundaria EGB 3 y Polimodal.

Por otra parte, un 3,4% realizó cursos. Solo 15 presos recibieron educación universitaria y uno, terciaria, lo que demuestra la baja adhesión a la formación, que permite luego una mejor calidad de vida y reinserción en la sociedad.

Oportunidades

Alavila explicó que recibir educación tiene que ver sobre todo con una decisión de parte de los internos porque el Servicio Penitenciario de la Provincia y el Ministerio de Educación brindan oferta educativa dentro de las unidades. El nivel primario y el secundario se brindan en todas las cárceles de la provincia.

En cuanto a los talleres de laborterapia, el funcionario detalló que tiene que ver con la disponibilidad de cupos que ofrece el Servicio Penitenciario.

"Recientemente tuvimos reuniones sobre el presupuesto 2019. Nosotros hicimos nuestro proyecto haciendo hincapié en la necesidad de ampliar el cupo de cada uno de los talleres", indicó.

"Lo que necesitamos son más recursos destinados a los talleres. Esto incluye adquisición de nuevas maquinarias. Estamos pidiendo un incremento del 30 al 50 por ciento en los cupos disponibles", sostuvo Alavila.

Desde esa repartición señalan que seguirán las gestiones para lograr más recursos. Es un tema complicado, ya que el Gobierno aplicará también una contención del gasto.
“Necesitamos una autorización por parte del Ejecutivo que permita ampliar. Las reuniones continuarán y veremos cual es el resultado”, destacó Alavila. 

Hacinamiento

Según el informe 2017 del SNEEP, el porcentaje de superpoblación para la totalidad del servicio penitenciario de Salta es de 30,6%. 
Encabeza la lista la Unidad Carcelaria 3 de Orán, con un 56% de hacinamiento. Tiene capacidad para 300 presos y hay alojados 468.
En segundo lugar está la Alcaidía General 1 de Salta, con un 55,1% de sobrepoblación. El edificio tiene capacidad para 350 presos pero aloja a 543.
En tercer lugar se encuentra la Unidad Carcelaria 5 de Tartagal, que posee una capacidad para 200 presos pero hay 85 de más, lo que se traduce en un 42,5% de sobrepoblación. 
En cuarto lugar está el penal de Villa Las Rosas, que tiene una capacidad para 997 reos, pero aloja a 1.277. Esto significa una superpoblación del 28,1%. 
“El principal problema que tenemos actualmente es la población de Alcaidía General 1 donde sí hemos superado el 50% de superpoblación. En el resto de las unidades se mantienen los números. Se ha implementado todo tipo de medidas para revertir pero la situación de alcaidía se mantiene”, explicó Alavila. 
Al ser consultado sobre si hacen falta más cárceles, el secretario Alavila respondió que es necesario ampliar las unidades existentes y considerar la posibilidad de una alcaidía para J. V. González porque actualmente todo lo que se dispone por parte de la Justicia de Anta termina en la cárcel de Metán. 
“El proyecto de la nueva alcaidía está en etapa inicial y de búsqueda de inmuebles disponibles para desarrollarlo”, finalizó Alavila.