Dalma tenía 20 años y dos hijos. Se ahorcó en mayo en la pieza que compartía con sus nenes, de cinco y un año, en un asentamiento de la zona este de Tartagal. Estudiaba e intentaba ganarse la vida con un puesto de ventas. Tomó un préstamo de $15.000 para salir adelante, pero las condiciones que le pusieron los acreedores colombianos, con intereses usurarios y pagos semanales, la dejaron en la ruina. Extorsionada y con sus pequeños hijos amenazados, se quitó la vida.
Alexis tenía 24 años y vivía en Orán con una tía que lo había criado desde los cuatro años. Se ahorcó en noviembre de 2016. En su celular quedaron grabadas las advertencias mafiosas y las fotos de dos colombianos que lo atormentaron con otro préstamo de dinero fácil.
El "gota a gota" o "pagadiario" es un sistema de créditos gestado por las "oficinas de cobro" que montaron en las décadas del 80 y 90 los carteles de la droga de Medellín y Valle del Cauca.
Inspirado en la mafia
Según informes de la Dirección de Investigaciones Judiciales e Interpol (Dijín), la operatoria que hoy tiene a cientos de familias de bajos ingresos y pequeños comerciantes esquilmados y amenazados en Salta, Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, General Gemes, Metán y otras ciudades de la provincia fue, en sus inicios, un mecanismo de financiamiento entre narcos que no tenían dinero suficiente para adquirir la cocaína y despacharla al exterior.
Hoy, aquel esquema que se inspiró en la mafia italiana, está expandido en Argentina y otros países de la región.
En agosto de 2017, en el marco de una cumbre de procuradores y fiscales desarrollada en Puebla (México), diez naciones de América Latina firmaron un acuerdo de cooperación en el que los préstamos "gota a gota" se consideraron entre los mecanismos que utilizan organizaciones criminales transnacionales para lavar dinero.
En Argentina, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) emitió una serie de recomendaciones sobre los préstamos ilícitos por los que hay investigaciones abiertas en diferentes juzgados de Salta.
En este contexto, dos de los fiscales federales de la provincia, Eduardo Villalba y Ricardo Toranzos, se reunieron recientemente con fiscales federales de Colombia para ampliar la información que se tiene en nuestro país sobre las redes de los préstamos "gota a gota" y las millonarias sumas de dinero que mueven al margen de las normas del Banco Central y los organismos de control. En esa reunión también estuvo presente la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El "pagadiario"
Los préstamos de dinero fácil que bandas extorsivas de Colombia exportaron a México, Brasil, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina son considerados hoy una delicada asignatura que exige actuaciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad, los organismos de control y los tribunales de Justicia para frenar la avalancha del "pagadiario".
Con cuatro años de demora por discusiones sobre la naturaleza y competencia de los delitos implicados, urgen intervenciones que separen la paja del trigo, porque el aluvión migratorio que empezó a manifestarse en el norte de la provincia hace ya cinco años aún tiene confundidas a bandas de usura y extorsión con residentes colombianos que vinieron al país a estudiar o a emprender proyectos personales, familiares, laborales y empresarios lícitos.
Tiempo perdido
La División de Delitos Económicos de la Policía de Salta había detectado tempranamente el accionar de una de las bandas del "gota a gota", con una investigación preliminar que giró luego al fuero federal.
Ante la promoción fiscal de las acciones, el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, declaró su incompetencia parcial, tras considerar que algunos delitos analizados (usura, extorsión, amenazas, lesiones) debían ser investigados por un Juzgado de Garantías para no vulnerar la autonomía provincial.
Ese criterio fue aceptado por la Cámara Federal de Salta el 31 de julio de 2017, con el voto en disidencia de la jueza Mariana Catalano, quien compartió los planteos interpuestos por el fiscal Eduardo Villalba, en el sentido de que la pluralidad de hipótesis delictivas detectadas en la instrucción no era escindible.
El 911 tiene un grupo específico de respuesta
Pocas víctimas denuncian a las bandas por temor a represalias.
La Unidad de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia tiene un grupo de investigación que se conformó específicamente para intervenir ante las denuncias que recibe el sistema 911 por prestamos “gota a gota”.
Así lo aclaró a El Tribuno el secretario de Seguridad Jorge Ovejero, quien recomendó a las personas afectadas que no duden en llamar al 911 para que puedan activarse las medidas de protección y las investigaciones correspondientes.
El funcionario remarcó que las víctimas de las bandas usurarias y extorsivas cuentan con absolutas garantías de anonimato. “Sabemos que son muchas las familias y los pequeños comerciantes afectados, pero son pocas las denuncian que llegan al 911”, recalcó Ovejero. La extorsión y el miedo a ver concretadas las amenazas de los usureros paraliza a muchas de las víctimas.
Ovejero hizo notar que denuncias recibidas en el 911 activaron respuestas de protección e investigaciones preliminares que tienen cerca de 20 expedientes abiertos por los prestamos “gota a gota” en la Unidad de delitos Económicos Complejos que depende del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
En lo que va del año, en distintos procedimientos de rutina, la Policía de Salta detectó llamativas cantidades de extranjeros ilegales en distintas localidades.
En los últimos meses fueron demorados 86 colombianos (68 hombres y 18 mujeres de entre 16 y 27 años) que ingresaron al país por pasos no habilitados y sin documentos. En las últimas semanas hubo 50 deportaciones.
Fuente: El Tribuno
