Dos años después del operativo “Febrero Blanco” que destapó una compleja organización dedicada al narcotráfico desde Salta, comenzó el juicio contra los cinco acusados, entre quienes se encuentra un ex concejal de Salvador Mazza y debería haber otro, pero está prófugo.

El caso expone muchas de las características típicas del crimen organizado: el dominio territorial, los recursos económicos y logísticos, una compleja organización con división de roles, conexiones en otros países y provincias y la complicidad política.

El caso salió a la luz cuando se coronó el golpe maestro a la banda la madrugada del 14 de febrero de 2016, cuando en la localidad de Taco Pozo, Chaco, se detuvo un camión con más de 260 kilos de cocaína, se hicieron varios allanamientos y se detuvo a casi todos los integrantes.

Días atrás comenzó el juicio en el que José Martín Melgarejo, Sergio Rafael Velarde y Rubén Alfredo Maurín, están acusados de ser coautores responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas; el ex concejal Gabriel Alejandro Maurín en calidad de partícipe primario y Julio César Vilaseca y Jesús Sebastián Gerónimo, como partícipes secundarios del mismo delito. Una pieza clave de la organización como el ex concejal Mauricio Gerónimo, sigue prófugo y con pedido de captura internacional.

El inicio: un misterioso denunciante

La investigación comenzó el 14 de mayo de 2015 cuando se hizo presente en la mesa de entrada de la Fiscalía Federal de Salta una persona que no quiso identificarse y aseguró tener información sobre maniobras de narcotráfico.

Contó que en un taller mecánico ubicado en Salta se había acondicionado un camión con un “buche” en su plataforma de la caja para transportar, en forma oculta, estupefacientes, desde Anta hacia la provincia de Buenos Aires, en especial a la localidad de Cañuelas. Agregó que las personas que habían pagado el trabajo tenían tonada de extranjeros, creyendo que eran oriundos de Colombia.

MAURICIO GERÓNIMO. Prófugo.

Comenzaron a investigar a los sospechosos y a intervenir sus teléfonos. Un sinnúmero de llamadas vinculó a todos los imputados y como dato, surgió que el por entonces concejal electo en 2015 por el frente Grande de Salvador Mazza, Mauricio Gerónimo, tenía una casa de venta de celulares y chips y  la posesión de 112 líneas telefónicas a su nombre desde el año 2013, con características de la provincia de Santa Fe y Salta.

Las comunicaciones reflejaban cómo los implicados trataban en todo momento de cuidar su vocabulario, brindar otro número de teléfono, cortar la conversación en forma brusca y hablar siempre en código, lo que para el fiscal que investigó la causa, Ricardo Toranzos, demuestra que intentaban evitar ser descubiertos.

Cómo operaba la banda narco

De a poco, la Fiscalía fue desentrañando la historia: los imputados pergeñaron un plan que ejecutaron en etapas, adjudicando funciones en células con el fin de obtener eficiencia en las maniobras de narcotráfico. Reclutaron a profesionales (un veterinario y un abogado), políticos (dos concejales) y lugareños o baqueanos.

La idea era asegurarse la recepción de la droga en el monte que ingresaba vía aérea desde el Estado Plurinacional Boliviano, su acopio y posterior colocación en camiones para su traslado a los puertos, pasos fronterizos o a las grandes ciudades, ya sea para continuar viaje a otros continentes o para incorporarla al mercado para su comercialización.

La segunda audiencia del juicio se realizará el miércoles 4 de abril a las 8.30 en los tribunales federales, con el inicio de la ronda de declaraciones de testigos.

La historia comenzaba en Bolivia de la mano de un poderoso empresario, Wilson Maldonado Balderrama, quien era el que enviaba a nuestro país, por medio de avionetas, bultos cargados de cocaína que eran bombardeados en los departamentos de Metán y Anta, fundamentalmente en Las Lajitas y Joaquín V. González. Los paquetes con droga secuestrados tenían como marca de identificación la sigla “W”.

Continuando con la investigación, la Fiscalía Federal N° 1 de Salta, con colaboración de la Fiscalía Federal de Orán y de la Procunar, tomó conocimiento de la existencia de otra averiguación que se venía desarrollando desde 2013 en Orán sobre el mismo Maldonado Balderrama y su vinculación con Alejandro Maurín.

El rol de cada imputado en un engranaje perfecto

El lugar elegido para arrojar la carga no era casual. Antes de eso, Francisco Escudero jugaba un papel fundamental: arrendar campos en la zona con ciertas características como el difícil acceso y la ausencia de cobertura telefónica.

La desgravación de una escucha refleja la coordinación del trabajo:

Escudero: “¿ya ha dejao de llover?”

N.N.: “está lloviendo”

Cuando la “lluvia” cesaba, Escudero y Rubén Darío Velarde recibían los paquetes y los ocultaban, lo que quedó acreditado gracias a la interceptación de llamadas telefónicas. Estas personas recibirían el apoyo de conocedores del lugar. Algunas personas, estarían en la zona y serían las encargadas de realizar excavaciones en las fincas para ocultar la droga. Velarde ya había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a seis años de prisión por trasportar 89 kilos de cocaína años atrás.

WILSON MALDONADO BALDERRAMA. Capturado en abril de 2016 en Bolivia.

Para sacar la droga del lugar, la organización se valía de vehículos de tracción 4x4. En uno de los casos, la acondicionaron en un vehículo tipo “plancha de auxilio mecánico” registrado a nombre de José Luis Sagardoy, quien años antes había caído detenido en la localidad de Tostado, provincia de Santa Fe, en un vehículo con un doble fondo con aproximadamente 180 kilos de cocaína que eran trasladados desde la localidad de El Quebrachal, en Salta, hacia la provincia de Buenos Aires.

A partir de ese momento, el abogado Rubén Alfredo Maurín era la persona que no solo se encargaba de buscar el medio de transporte para llevar la cocaína, sino que también tenía intervención en la dirección y control de la acción. Incluso fue el “puntero” del convoy detenido en Febrero Blanco, cuando debía avisar cualquier anomalía en los controles de ruta.

Si hermano tenía una gran injerencia en toda la actividad en general. El ex concejal, Gabriel Alejandro Maurín, está acusado de ser el nexo entre los distintos operadores de la maniobra, teniendo un importante  grado de decisión, dirección y control de la actividad ilícita. La investigación acreditó que tenía fluida relación con Wilson Maldonado Balderrama.

Un trabajo similar ejecutaba el ex edil Mauricio Gerónimo, quién está prófugo desde el mismo día del operativo que detuvo a sus compañeros, ya que logró huir cuando también actuaba como puntero.

Fuentes fiscales contaron a LA GACETA que saben que Mauricio Gerónimo se encuentra escondido en un barrio de la localidad de Yacuiba, en Bolivia, que se caracteriza por ser un “aguantadero” de criminales buscados por la Justicia.

Jesús Sebastián Gerónimo, prestó a su hermano Mauricio la colaboración que éste le requería, a los fines de tener el control de las maniobras. Cumplió la función de chofer, facilitador de vehículos y de transportista del dinero cobrado por la maniobra de narcotráfico emprendida.

El eslabón más frágil fue José Martín Melgarejo, quien fue detenido cuando manejaba el camión que trasladaba los 267 kilos de cocaína.

Los imputados adoptaban innumerables medidas de seguridad para no ser descubiertos, como la utilización de teléfonos satelitales; el cambio constante de celulares; los diálogos en códigos y el cambio frecuente de vehículos.

El operativo que coronó la investigación

Del seguimiento personal e intervenciones telefónicas se supo la fecha en que iban a transportar la droga, de modo que la justicia y gendarmería se prepararon para detener el 14 de febrero de 2016 al camión apuntado que era conducido por Melgarejo.

De allí se extrajeron 250 envoltorios rectangulares que contenían cocaína, con un peso total de 267,549 kilogramos. El rodado tenía las cedulas de identificación a nombre del difunto ex diputado provincial Ernesto José Aparicio, denunciado y separado de la Cámara por su relación con el narcotráfico.

Casi simultáneamente, en un procedimiento efectuado en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, se requisó una camioneta y se detuvo a Rubén Maurín, quien transportaba la suma de $32.000. Se consideró que actuaba como “puntero” del convoy.

El operativo se completó con allanamientos en donde se secuestraron varios elementos importantes para la causa como 521.100 dólares dentro de un vehículo de Mauricio Gerónimo y droga, armas, documentación y vehículos. Allí se produjo la detención de Jesús Sebastián Gerónimo.

GABRIEL ALEJANDRO MAURÍN

La captura de Gabriel Maurín pudo lograrse después ya que abandonó el país al día siguiente del procedimiento para dirigirse a Bolivia, donde se habría entrevistado con Wilson Maldonado Balderrama.

Tiempo después, el 12 de julio, se logró detener a Velarde y Escudero luego de un intenso seguimiento.

En sus declaraciones todos negaron sus vinculaciones con el narcotráfico y solo algunos dijeron que se conocían entre sí pero las comunicaciones telefónicas demostrarían lo contrario.

La Unidad de Información Financiera (UIF) es querellante en la causa e informó que si bien Mauricio Gerónimo se encontraba inscripto en la AFIP en distintas actividades económicas, no registraba operaciones comerciales desde mayo de 2014 pero que contaba con importantes acreditaciones de dinero en 2015 y 2016 y numerosos vehículos. A la entidad le resultó llamativo ya que se encontraba registrado como empleado en relación de dependencia de la Provincia de Salta desde agosto de 2009 y los montos percibidos como remuneración no guardaban relación alguna con los gastos efectuados, ni con las acreditaciones bancarias informadas.

Los videos de Mauricio Gerónimo desde la clandestinidad

Para sorpresa de todos, a fines de marzo de 2016, el destituido concejal acusado de narcotráfico, Mauricio Gerónimo, subió a youtube un video grabado luego de profugarse, en el que manifestó su inocencia y disparó contra el Estado y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Días después, el 5 de abril, Gerónimo envió otro video en el que exigió el cumplimiento de garantías constitucionales que temía que no se le aseguren debido a la tendenciosa intervención política en su contra. Pidió que se le respeten la presunción de inocencia y la igualdad de derechos.

Fuente: La Gaceta