Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta libran una batalla política en la Corte Suprema que se dirimirá por la certeza de los datos sanitarios y las estadísticas científicas que presenten como prueba de cargo para definir la posibilidad de permitir las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

El futuro fallo no sólo pone en juego la trayectoria futura del Presidente y el titular de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además dejará expuesta la confiabilidad de la Corte para resolver asuntos jurídicos que importan a todo el país. Un error de apreciación jurídica, una evidencia epidemiológica que no cuadre, puede facilitar la faena mortal del COVID-19.

Alberto Fernández considera que la movilidad de 12 millones de personas hacia las aulas puede multiplicar la curva de contagios del COVID-19, y por eso suspendió las clases presenciales hasta fines de abril. “No es un capricho, ni tengo intenciones de que me odien. Suspender la clases nos ayuda a bajar la curva de contagios y esa fue mi única intención”, reflexionó el Presidente en la Casa Rosada.

En este contexto, Alberto Fernández sostiene que su último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) responde a una estrategia de política sanitaria que está al margen de la agenda educativa que manejan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. “Tengo las facultades constitucionales y las ejercí. No hice nada contrario a derecho”, opinó el jefe de Estado cuando se le preguntó sobre la presentación en la Corte Suprema que cuestiona su DNU.

La Corte suprema: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti

Rodríguez Larreta, en cambio, sostiene que la decisión del Poder Ejecutivo de suspender las clases presenciales afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y que su razón sanitaria no tiene justificación empírica: “Tenemos probado que en las clases hay un porcentaje minúsculo contagio, y que suspender por 15 días la presencialidad fue una decisión que no afectará los niveles de contagios causados por el COVID-19″.

Las evidencias que Alberto Fernández y Rodríguez Larreta presentarán en los próximos días ante la Corte Suprema serán clave para resolver el conflicto de fondo que los puso frente a frente en la cúspide del Poder Judicial. Cada uno de los integrantes del máximo tribunal tiene su mirada política de las desavenencias que fracturaron las relaciones de poder entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño, pero los fallos se sostienen con argumentos jurídicos basados en pruebas aportadas por las partes.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti asumen el impacto político, institucional y sanitario de su futura decisión jurisdiccional, y se tomarán su tiempo para decidir aún bajo el peligro de transformar la presentación de Rodríguez Larreta en un cuestión abstracta.

Elena Highton de Nolasco en principio no será de la partida: considera que la Corte Suprema no tiene competencia original para dirimir el conflicto entre la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires, y se presume que se abstendrá de votar cuando Rosenkrantz convoque a un Acuerdo que puede ser histórico para el futuro de Alberto Fernández y Rodríguez Larreta.

El Presidente opinó en la intimidad de Olivos que habrá fallo a su favor porque la presentación del jefe de Gobierno ataca “una cuestión política no justiciable”. Alberto Fernández juega su prestigió institucional con la decisión de suspender las clases, y una resolución adversa puede tener consecuencias catastróficas en sus comicios legislativos de medio término.

Rodríguez Larreta entiende que todas las cuestiones políticas son justiciables, y más aún la decisión de suspender las clases alegando que podría servir para aplanar la curva de contagios causada por la segunda ola del COVID-19. El titular de la Ciudad apuesta a fortalecer su imagen externa y aplacar los cuestionamientos internos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con la decisión jurisdiccional del alto tribunal.

“Voy acatar lo que diga la Corte, pero me va a dar la razón. No tengo dudas”, dijo Rodríguez Larreta durante el fin de semana.

El Presidente y el jefe de Gobierno deberán fortalecer su paciencia. La Corte Suprema recién fallará hacia fines de abril. Cuando el DNU dictando la suspensión de las clases esté al borde de la agonía.