El presidente Alberto Fernández anunció hoy una serie de proyectos de reformas de la Justicia que incluyen cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la aplicación del juicio por jurados. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo en el Congreso en la apertura de las sesiones legislativas del año.

Para enmarcar sus críticas, el jefe de Estado habló de “hechos llamativos que día a día asoman en el mundo judicial y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan”. Y enumeró algunas sin nombrar a sus protagonistas: el procesamiento por espionaje y extorsión del fiscal federal Carlos Stornelli (“A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ´poder residual´ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”, dijo el Presidente); la visita a la Casa Rosada del juez de Casación Federal Gustavo Hornos para reunirse con el entonces presidente Mauricio Macri pocos días antes que procesara a Cristina Kirchner; la aceptación de la Corte Suprema del per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por sus traslados, a los que calificó de “dos jueces ignotos”.

“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sostuvo.

Los jueces de la Corte Suprema siguieron el discurso por videoconferencia

Propuestas y pedidos

Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.

Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.

El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.

Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.

El Consejo de la Magistratura de la Nación (Matías Baglietto)

Otro será la revisión del artículo 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se trata del articulo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.

También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.

Por último adelantó que enviará al Congreso un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales. Eso significa que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado será decidida por ciudadanos. El juicio por jurados se aplica en varias provincias pero nunca a nivel federal a pesar de que está en la Constitución Nacional desde 1853.