Cristina Kirchner le reclamó a la Cámara Federal que deje en pie el sobreseimiento que se le dictó en la llamada causa por la “ruta del dinero k”, tras denunciar que el macrismo sigue persiguiéndola. Según la vicepresidenta, antes era desde el Gobierno, ahora desde una ONG que impugnó el cierre de la causa en su contra y se convirtió en querellante del expediente. “Nos encontramos ante una burda maniobra política emprendida por los opositores de Cristina Fernández de Kirchner, quienes nuevamente pretenden interferir en el trámite del proceso y hacer caer el legítimo sobreseimiento” de la vicepresidenta, sostuvo el escrito al que accedió Infobae.

En una presentación ante la Sala II de la Cámara Federal, el abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi advirtió que este proceso se inició en 2013 como consecuencia de un informe televisivo en el cual se daba cuenta de operatorias financieras irregulares desplegadas por Lázaro Báez y su entorno. “Desde aquel entonces, este proceso fue utilizado por los opositores políticos de Cristina Fernández de Kirchner para denostar su figura”, aseguró.

El análisis de la presentación de la defensa de la vicepresidenta y los argumentos de la asociación civil que se constituyó como querellante quedaron bajo la lupa de los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens. Si no logran ponerse de acuerdo, será convocado a votar el juez Pablo Bertuzzi.

En el tramo principal, en febrero pasado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió confirmar la condena a Lázaro Báez y a otros 17 imputados por la causa de la ruta del dinero K, aunque les bajó las penas. Las hijas de Báez quedaron absueltas. En una decisión dividida, el tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobra millonarias de lavado de dinero por 55 millones de dólares.

Para la defensa de CFK, “sin prueba alguna y temerariamente” se pretendió vincular a la ex jefa de Estado en esta causa por lavado de dinero. “Con tal propósito, durante la anterior gestión de gobierno el Poder Ejecutivo de la Nación se constituyó como parte querellante en la causa a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), liderados por acérrimos detractores del kirchnerismo (Laura Alonso y Mariano Federici), los cuales intentaron responsabilizar a como diera lugar a nuestra representada en orden a los hechos aquí investigados”, se sostuvo. Y señaló que “la actuación militante de la UIF se tradujo en estas actuaciones en reiterados pedidos dirigidos a que se convocara a nuestra defendida a prestar declaración indagatoria, los cuales luego eran amplificados por medios periodísticos opositores”.

La defensa resaltó que finalmente, en 2018, “hace ya más de cinco años, durante la Presidencia de Mauricio Macri”, CFK declaró en indagatoria, en donde negó las imputaciones y aseguró que no tuvo que ver con estas maniobras, “ni directa ni indirectamente”. Incluso, la presentación recuerda párrafos textuales de aquella declaración. “Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, había dicho. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.

La defensa recordó que “transcurridos tres años más de investigación en los cuales no apareció ninguna prueba que pudiera vincular a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner con las conductas que se evalúan en este sumario, el juez instructor le corrió vista al fiscal interviniente, a fin de que se expidiera con relación a la situación procesal de nuestra representada y la de otras dos personas imputadas, respecto a las cuales también se habían dispuesto sendos autos de falta de mérito”. El fiscal Guillermo Marijuan promovió el sobreseimieto de dos empresarios y reclamó más diligencias sobre CFK. Y subrayó que esas medidas se hicieron, “arrojando resultados estériles para la investigación”.

En ese contexto, recordó Beraldi, Marijuan promovió el sobreseimiento, los querellantes de la UIF y la AFIP no se opusieron y el juez Casanello lo firmó. “En esta coyuntura, tras más de diez años de iniciado el proceso”, la abogada Valeria Viola, en su carácter de presidenta de la asociación civil denominada ‘Bases’, solicitó ser querellante y que se anule el dictamen del fiscal Marijuán por falta de fundamentación. La Cámara Federal porteña los habilitó para querellar y ahora debe resolver si se cae el sobreseimiento. Eso es lo que está impugnado la defensa.

“Efectuada esta breve reseña sobre el derrotero de la causa, como punto de partida no podemos dejar de señalar, tal como lo hicimos en anteriores presentaciones, que nos encontramos ante una burda maniobra política emprendida por los opositores de Cristina Fernández de Kirchner, quienes nuevamente pretenden interferir en el trámite del proceso y, en esta oportunidad, hacer caer el legítimo sobreseimiento de nuestra asistida, consentido tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las querellas constituidas en la causa”, dijo Beraldi.

Y afirmó: “a partir del año 2016, el gobierno liderado por Mauricio Macri, a través de la actuación militante de la OA, la UIF y la AFIP, asumió el rol de parte querellante en la causa y, desde esa posición, reclamó incesantemente que se orientara la pesquisa en contra de nuestra representada. En concreto, se fogoneó hasta el hartazgo que estábamos en presencia de la ‘ruta del dinero K’ pese a que en ninguna de las operaciones investigadas apareció el apellido Kirchner y, por el contrario, sí surgieron nexos con allegados al macrismo”.

“Siete años más tarde, una vez agotada cualquier línea investigativa, quienes antes perseguían a Cristina Fernández de Kirchner desde los órganos del Estado pretenden hacerlo ahora utilizando como vehículo a una entidad civil cuyos socios fundadores son nada menos que miembros del anterior gobierno e integrantes de la alianza “Cambiemos” (Pablo Clusellas, Federico Pinedo, Jorge Ricardo Enríquez, Pablo Noceti y María Isabel Jimena De La Torre, entre otros). Es decir, si ‘Cambiemos’ no puede perseguir a Cristina Fernández de Kirchner desde los órganos del Estado lo hace al amparo de una asociación civil que, por lo visto, fue constituida exclusivamente para estos fines”, añadió.

La defensa habló de la “falta de seriedad” de la presentación de Bases, la “fabulación” de un “agravio” y una deliberada intención de generar alguna confusión en el tribunal que pueda resultar afín a su tesis acusatoria”, con “tantas divagaciones, incertezas e incoherencias”.

“En estas actuaciones no se investigan ni contratos de obra pública adjudicados a las empresas de Lázaro Báez, ni alquileres convenidos por Hotesur S.A. o Los Sauces S.A., ni operaciones inmobiliariasentre integrantes de la familia Kirchner y Lázaro Báez o sus compañías. Todos esos hechos, muchos de los cuales ya han juzgados y sobreseídos con calidad de cosa juzgada, son y/o fueron investigados en otras causas”, se resaltó.

En 2021, el Tribunal Oral Federal 5, por dos votos a uno, dictó el sobreseimiento de todos los implicados. Pero hace dos semanas la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió revocar esa decisión y ordenó avanzar con el juicio oral que ya estaba en marcha, salvo para Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta. El último lunes, la defensa de CFK reclamó la nulidad de ese fallo porque no participó del fallo Ana María Figueroa, la tercera jueza que el 9 de agosto cumplió 75 años. Para la Corte Suprema, cesó en sus funciones ese día. El oficialismo en el Senado votó su pliego el jueves pasado. El presidente Alberto Fernández tiene a la firma el decreto para completar el nombramiento.